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Lázaro Báez
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Lázaro Báez: el juicio se reanudará el 24 de junio

El empresario está acusado junto a sus cuatro hijos por “presunto lavado de dinero” de la firma “Austral Construcciones”.

El Tribunal Oral Federal 4 anunció este miércoles que el próximo 24 de junio se reanudará la el juicio contra Lázaro Báez. Por la pandemia del coronavirus, y para evitar aglomeraciones, el mismo se realizará mediante videoconferencia. El empresario está acusado junto a sus cuatro hijos por “presunto lavado de dinero” de la firma “Austral Construcciones” durante el gobierno de Cristina Fernández.

Las audiencias se harán todos los miércoles durante julio. Esto a través de la plataforma de videoconferencia “Jitsi Meet” o “aquella que resulte más adecuada·”. Quieren cumplir con el distanciamiento social preventivo. “Nos encontramos ante una situación inédita mundialmente”, remarcó el Tribunal. Lo hizo al destacar que este juicio oral “reúne las características de relevancia descriptas en razón de encontrarse personas privadas de su libertad”.

El Tribunal pidió al Consejo de la Magistratura que provea la plataforma que garantice la “efectiva participación remota de la totalidad de los actores del proceso. También la no intervención de personas ajenas al juicio oral”. Además, pidió garantías de que será imposible alterar el contenido. Determinó que las audiencias se difundirán a través del Centro de Información Judicial (CIJ) para “garantizar la publicidad y transparencia”.

La fiscalía, las querellas, los abogados defensores y los procesados tendrán que informar al Consejo de la Magistratura en tres días el domicilio desde el que realizarán la conexión al sistema virtual. En este juicio, además de Lázaro Báez y sus hijos, son juzgados su exabogado Jorge Chueco, su excontador Daniel Pérez Gadín, Fariña. También el empresario Fabián Rossi y el financista Federico Elaskar, entre otros.

¿Por qué están procesados?

Todos están procesados por presunto lavado de dinero, producto de supuestos ilícitos cometidos con la obra pública en Santa Cruz adjudicada a las empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, según la acusación hecha por la fiscalía y las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera en sus alegatos finales.