Catamarca se encuentra en una situación de incertidumbre epidemiológica, por lo que debió volver a la Fase uno de la cuarentena. En paralelo, gremialistas hacen una fuerte denuncia a los empleadores del IPV, ya que aseguran que están obligando a las personas a trabajar con precarias medidas sanitarias. Ante esto emitieron undocumento donde manifestan el malestar y lo dirigen al Gobernador de la Provincia, Raúl Jalil.
La denuncia da cuenta de las irregularidades en la institución. Esto habría molestado al administrador que reaccionó obligando a trabajar a 180 empleados, inclusive los exceptuados por decreto. Además no estarían proporcionando los insumos que dictamina el protocolo sanitario, poniendo en riesgo a los agentes, dado que aquellos que se encuentran exceptuados en el decreto, no están afectados debido a su condición de posibles pacientes de riesgo.
La denuncia
En la carta dirigida al gobernador Raúl Jalil, los gremialistas explican: “Nos dirigimos a usted, a fin de poner en conocimiento las diversas irregularidades relativas a la gestión institucional. Producto de la indefinición de los roles del ente autártico generadas por los sucesivos intentos de modificación de la estructura en la conducción impulsadas por la gestión a su cargo”. Abreviado, habla de una política que empezó en el gobierno de Jalil, él ascendió la Secretaria a Ministerio de la Vivienda y la unificó con el IPV.
Entre las complicaciones que esto genera, los gremialistas mencionan que se confunden de manera caótica recursos, bienes y funciones de los afiliados. Una de las más graves consecuencias “es el hecho de no tener una clave de usuario y contraseña para hacer uso del software BAPIN II (provincia) y BAPIN III (nación)”. Sin estos, el organismo queda imposibilitado para cargar sus proyectos de inversión, y en consecuencia, los profesionales ven eliminada dicha función.
Como ejemplo del caos en la coexistencia de las entidades, “la flota de vehículos del IPV se halla de hecho a disposición del Sr. Ministro de Vivienda y Urbanización de la provincia. Como si bajo su orden no tuviera vehículos oficiales en condiciones. A diario vemos que los vehículos del IPV, son utilizados por compañeros trabajadores de Vivienda que se desempeñan como choferes en dicho organismo”. Por último, destacan que en los más de seis meses de la gestión de Jalil no se ha resuelto nada. Lo que resulta una ironía si se escucha su discurso de “modernizar el estado, con una eficiente asignación de recursos”, entre otros.
