La presentación de la ONG Mining Watch Canadá despertó una polvareda en Andalgalá y Catamarca. Más allá de un apoyo, el tema se interpretó como una nueva intrusión externa a los asuntos andalgalenses, de gente que desde lejos pretende intervenir en la agenda local, teniendo en cuenta que existe en esa ciudad una organización que lucha contra la mega minería hacer muchos años, y que es muy respetada a nivel nacional.
Desde la propia Asamblea El Algarrobo transcendió la molestia que causó este “apoyo”, que interpretaron como un intento de quitarles protagonismo y credibilidad. Claramente, se trata de un problema de credibilidad cuestionada. En nuestra tierra, siempre es más creíble lo que nos dice gente de afuera que las luchas locales. Ya pasó que vinieron a meterse jugadores de otras latitudes, generaron problemas, lucraron con “acciones”, se vendieron bien ellos y dejaron Andalgalá y Catamarca muy mal parada, y muy desprestigiada a ojos nacionales e internacionales.
Con lo que costó que vuelvan turistas a Andalgalá, vendida por esta gente de afuera como “tierra envenenada”, ahora vemos como se pretenden instalar otros, ni más ni menos que canadienses, para quitar crédito a las asambleas y movimientos locales, disfrazando su desembarco como un “apoyo”. Ya sabemos cómo son esos apoyos.
Llama la atención que sean canadienses porque Canadá vive de la minería, y allí no es una actividad cuestionada. Ellos, que allá hacen minería, nos “observan” y pretenden decirnos qué podemos hacer y qué no. Otra vez, Catamarca y Andalgalá sufren los desembarcos de gente de afuera. Solo para esmerilar y hacer a menos a los locales que caminan a la vuelta de la plaza hace 10 años. No vaya a ser esta una operación de gente “inteligente”.
La carta de la ONG
En la jornada de este jueves, la ONG presentó su “apoyo” al reclamo antiminero de la asamblea Algarrobo. Para esto la organización decidió enviarle una carta a los miembros de la Cámara 2 de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minas. La nota fue firmada por Kirsten Francescone, co-gerente y coordinadora del Programa América Latina. Piden que la Justicia actúe, ya que “tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la vida”.
