La Asociación de Mujeres en Ayuda Mutua por la No Violencia (AMAM) le solicitaron al gobernador Raúl Jalil anular la ley de Legalización del Aborto. Este lunes el primer mandatario provincial recibirá en su despacho un pedido firmado al pie por Roxana Beatriz Días Vergara, presidenta de la organización. Allí se pide que “en el plazo de 48 horas lleve a cabo las acciones correspondientes para hacer valer los derechos de todos los catamarqueños”.
En el marco de la puesta en vigencia de la nueva ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) organizaciones se movilizan para que se declare una supuesta inconstitucionalidad. De esta manera, hoy AMAM ha publicado en sus redes sociales una carta que se le ha enviado al gobernador Raúl Jalil. La misma busca “impedir que en Catamarca se lleve a cabo la muerte provocada y deliberada de personas por nacer” por medio de la legalización del aborto.
La carta enviada a Raúl Jalil recae en que como representante de la provincia debe reivindicar los derechos tanto de las madres como de los niños. Siendo así expone que las mujeres deben el derecho “a la compatibilización de su misión de madre y ama de casa con su actividad laboral”. Pero a su vez a los “niños por nacer” se les debe “el derecho a la vida, desde su concepción”.
Siguiendo esta línea a lo largo de los párrafos redactados por la asociación, al pie de la misma se intima directamente hacia la posición del gobernador. Ante la “violación de la Carta Magna de los catamarqueños” se lo amenaza de una posible denuncia. Ante esto “lo hace pasible de denuncia penal por incumplimiento en los deberes de funcionario público”, afirma la AMAM.
La inconstitucionalidad y el debate por la legalización del aborto
Desde el debate por la legalización del aborto, los sectores opositores han usado la inconstitucionalidad como uno de sus argumentos más fuertes. De esta manera, y ya con la ley puesta en funcionamiento, continua el reclamo. “La aplicación de la mencionada ley en todo el territorio catamarqueño debe ser impedida”, sostiene la asociación. Esto lo defienden por medio de que lo expresado por la Constitución Nacional cuando aclara que “todos los habitantes de la provincia (…) tienen derecho para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad”.
