El conflicto en Andalgalá por las instalación de Agua Rica sigue al rojo vivo. Pero esta vez apareció un actor insospechado. La Universidad de Catamarca salió en defensa de los manifestantes. Docentes, investigadores, no docentes, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) repudiaron la represión. Nadie esperaba que la Universidad hiciera una declaración tan contundente. Por lo que el comunicado cayó como un baldazo de agua fría en el Gobierno.
“Los acontecimientos desencadenados en Andalgalá desde los primeros días de abril de este año, constituyen un episodio más de un largo proceso de violencia estructural que arrecia sobre nuestros territorios/poblaciones bajo las modalidades del extractivismo minero neocolonial”, señalaron desde la Comunidad pedagócica y científica de la Universidad Nacional de Catamarca.
“Andalgalá -expusieron- lleva más de 25 años de resistencia. En el 2005 rechazó la ‘presentación’ de Agua Rica. En 2009 se conformó la Asamblea El Algarrobo que, junto a otras organizaciones populares, asambleas y vecinos autoconvocados han venido sosteniendo la defensa del territorio, quedando en la memoria la brutal represión del 15 de febrero de 2010. A este reclamo histórico por la libre determinación, la respuesta del Estado es la criminalización”.
“Hemos seguido con preocupación los allanamientos y detenciones arbitrariamente ordenadas contra asambleístas y manifestantes, así como la intimidación hacia otros vecinos, pues entendemos que estamos frente a la vulneración de derechos humanos básicos que buscan desarticular el reclamo social, penalizando un conflicto social real y profundo de larga data”, agregaron.
“Ante la gravedad de estos acontecimientos, como integrantes de la comunidad pedagógica y científica de la Universidad Nacional de Catamarca (en nuestro carácter de estudiantes, egresados, no-docentes y docentes e investigadores) manifestamos nuestro más enérgico repudio a este nuevo ciclo de violencias y despojos. Reclamamos el cese inmediato de las medidas de fondo que violentan radicalmente los derechos territoriales del pueblo de Andalgalá, de la criminalización de la legítima protesta social y de las acciones de hostigamiento y persecución política desatada contra los defensores del Agua del Aconquija”, sentenciaron.
