Raúl Jalil y cuatro ministros han presentado su declaración jurada ante el Tribunal de Cuentas

Raúl Jalil y cuatro ministros han presentado su declaración jurada ante el Tribunal de Cuentas. De hecho, el año pasado 100 funcionarios provinciales, municipales y de organismos brindaron testimonios de sus riquezas. Cabe destacar que la DDJJ sirve tener en cuenta el control del patrimonio de quienes ocupan un cargo público, una vez iniciada su carrera política.

De hecho, la documentación presentada de la declaración jurada en el Tribunal de Cuentas, aparecen el Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso. Cabe señalar que ambos figuran dos veces en la nómina. Al parecer, ambos funcionarios públicos presentaron el registro correspondiente al final de mandato, en la intendencia capitalina en el caso de Jalil y en como ministro de Obras Públicas, del actual presidente del Senado, Dusso.

Sin embargo, el año pasado, cuatro de los dieciocho funcionarios provinciales habían presentado su declaración jurada. Ellos son el senador nacional Guillermo Andrada, la ministra de Planificación Susana Peralta y el titular de la cartera de Industria y Comercio, Lisandro Álvarez. La cuarta y última es, la señora María Eugenia Rosales de Ciencia e Innovación.

Lo establecido en la Constitución provincial

Cabe destacar que el artículo 167 de la Constitución Provincial, aclara que todos los funcionarios públicos y cada uno de los miembros de los tres Poderes, más todo agente administrativo que maneje fondos fiscales o administre riquezas provinciales deben presentar sus DDJJ. De hecho, la ley plantea que las declaraciones tienen que ser sobre los capitales propios, los de sus padres, hijos y matrimonio.

Además, los políticos deben inscribirse en un registro especial que será público. Esta ley tiene como fin, que en el transcurso o luego de terminar sus mandatos, cualquier ciudadano pueda verificar la legitimidad del enriquecimiento del gobernador o de cualquier personal administrativo. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Catamarca tiene el poder de embargar las riquezas o valores señalados como legítimamente adquiridos.