El Gobierno de Catamarca lanzó un programa de Inclusión laboral para personas privadas de la libertad. La medida, tiene como objetivo principal promocionar y facilitar el acceso al empleo a este sector de la sociedad. La iniciativa fue creada a través de un Decreto N° 373/22 del Ejecutivo donde se busca facilitar el acceso al trabajo a aquellos que tengan su condena cumplida, también para quienes tienen la condicional y los que están en periodo de prueba.
El programa establece un paquete de herramientas para incentivar la contratación laboral de esas personas. Entre ellas, quienes contraten como empleado algunas de las personas que hayan sido liberadas o estén en proceso de serlo accederán al reintegro de las cargas sociales de cada trabajador en estas condiciones durante el período de un año. Además, le otorgarán pasantías laborales con instituciones públicas y privadas.
En este punto, se tendrá preferencia por las personas que tengan menores a cargo y el plazo de contratación de pasantía laboral será de un año con la posibilidad de renovar por un año más. Se establece además, la posibilidad de eximir del impuesto a los ingresos brutos a las empresas que otorguen empleo genuino a las personas privadas de libertad. Estas actividades, estarán sujetas a las condiciones que firme la parte interesada y las autoridades del Servicio Penitenciario.
El ministro Gustavo Aguirre salió en defensa del programa
Esta medida creada por el Gobierno de Catamarca, ha generado mucha polémica y controversia porque los catamarqueños no están de acuerdo que se les dé trabajo a los presos y a exconvictos. Porque, sostienen que hay miles de jóvenes en la provincia que les cuesta conseguir su primer empleado. Gustavo Aguirre explicó que el programa es para “intentar reducir los obstáculos que tienen determinados sectores para acceder a distintos espacios de la vida social”.
Para cerrar, el ministro aseguró que “este tipo de normativa muestra el interés del Gobernador en trabajar sobre cada sector social vulnerado. Con el fin de, reducir los obstáculos que encuentran a la hora de acceder y ejercer plenamente sus derechos”. En esta línea, destacó que “el programa es un esfuerzo sostenido para generar recursos que garanticen el acceso al mercado laboral de distintos sectores sociales, tal como sucedió con las víctimas de trata”.

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