Adhemar Bacchiani y gerentes con la casa custodiada. Las financieras, siguen dando la nota cada vez con ribetes de trazo más judicial y policial debido a que el incumplimiento de las mismas, en relación con los inversores, dio paso a la apertura de expedientes en la Justicia. También, demandó personal policial para que los centros de atención, como también las casas donde viven las personas vinculas a Adhemar Capital, sean custodiados por la policía.
Esta polémica presencia, se debe al temor de las consecuencias que puede tener estas historia, atento a la cantidad de millones de los que estamos hablando. Por estas horas, los domicilios de personas vinculadas a la financiera cuentan con personal policial para resguardar su integridad física. También, por posibles daños materiales debido a las amenazas que de una u otra manera hacen llegar los inversores que lo único que quieren es recuperar el dinero invertido.
La demora, implicó una impaciencia de aquellos que apostaron a estas casas de especulación, pero a medida que transcurre el tiempo y no aparecen respuestas concretas, es decir el dinero en efectivo, la intranquilidad va ganando los ánimos y por lo tanto el clima se enrarece. Al punto tal que, se tiene que justificar la presencia de uniformados en los domicilios. Cabe aclarar que en esos hogares, viven personas que operan con Adhemar Bacchiani.
Las denuncias que pesan en su contra
Recordamos que, Bacchiani recibió una denuncia penal en su contra. Un grupo de inversores, damnificados por la compañía del empresario estafador, realizaron ante la Justicia una delación por presunto lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación ilícita. Ahora, el dueño de la financiera, con sede en Catamarca, deberá presentarse ante la Justicia para dar explicaciones al respecto.
Días atrás, un Juez Federal pidió los informes de las denuncias en su contra en otras provincias. Al respecto, dos fiscales habían pedido que las jurisdicciones renuncien a la competencia en las causas, ya que sostienen que son ellos los deben realizar la correspondiente investigación que iniciaron en 2020. El magistrado, Miguel Ángel Contreras, creó una Resolución para solicitarle a sus pares de Tucumán y Córdoba los expedientes de la investigación.
