El debate sobre el control del combustible oficial volvió a instalarse en la agenda pública de Catamarca luego de que el concejal santamariano Luis Delgado presentara un proyecto de ordenanza para implementar un sistema digital de seguimiento de las cargas realizadas por los vehículos municipales. La iniciativa apunta a reemplazar los tradicionales vouchers en papel y fortalecer los mecanismos de control sobre recursos financiados con fondos públicos.
La propuesta surgió en medio de cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de combustible dentro de la administración municipal. Según explicó el edil, el esquema actual resulta insuficiente para garantizar una trazabilidad adecuada de los consumos y dificulta el acceso a información detallada sobre el destino de los recursos. El planteo abrió una discusión más amplia sobre los controles existentes y la necesidad de modernizar los sistemas de gestión pública.
Delgado sostuvo que el uso de vouchers físicos representa un mecanismo “arcaico” y advirtió que este tipo de herramientas puede facilitar irregularidades o usos indebidos. En ese sentido, defendió la implementación de registros digitales que permitan conocer con precisión cuándo se carga combustible, qué vehículo recibe el servicio, quién es el responsable de la operación y cuál es el kilometraje registrado en cada movimiento.
Control del combustible oficial y reclamos por mayor transparencia
El proyecto de control del combustible oficial contempla que cada carga quede registrada digitalmente con información específica vinculada a fecha, horario, estación de servicio, kilometraje y responsable autorizado. Según sus impulsores, la medida busca fortalecer la transparencia, optimizar el uso de los recursos públicos y evitar zonas grises que puedan dar lugar a cuestionamientos sobre el manejo de fondos municipales.
Uno de los aspectos más sensibles de las declaraciones realizadas por el concejal tiene que ver con el acceso a la información pública. Delgado aseguró que actualmente resulta difícil conocer en detalle cuánto combustible consume cada vehículo o funcionario, e incluso afirmó que esa información no suele estar disponible de manera clara para quienes integran el propio Concejo Deliberante. La situación alimentó cuestionamientos sobre los niveles de control y fiscalización existentes.
Las críticas también apuntaron a la forma en que se presentan los gastos vinculados al combustible. Según explicó el edil, los informes disponibles muestran cifras generales sin desagregar consumos específicos, lo que dificulta realizar un seguimiento exhaustivo del destino de los recursos. Esta falta de detalle fue señalada como uno de los principales problemas que intenta corregir la iniciativa presentada.
El debate adquiere relevancia en un contexto donde la transparencia y el control del gasto público aparecen cada vez con mayor frecuencia dentro de la agenda política. Diversos sectores vienen reclamando mecanismos que permitan garantizar una utilización eficiente de los recursos estatales y una mayor rendición de cuentas por parte de los organismos públicos. La discusión no se limita únicamente al combustible, sino que forma parte de un reclamo más amplio vinculado a la administración de fondos que pertenecen a toda la comunidad.
Otro elemento que generó repercusión fue la afirmación del concejal respecto de la existencia de un presunto descontrol en el consumo de combustible. Aunque no presentó denuncias concretas sobre irregularidades específicas, sostuvo que la falta de información detallada impide verificar adecuadamente cómo se utilizan esos recursos. Esa situación, según argumentó, justifica la necesidad de avanzar hacia sistemas más modernos y transparentes.
Ahora será el Concejo Deliberante de Santa María el encargado de debatir el proyecto. La iniciativa promete abrir una discusión que trasciende el ámbito municipal y que toca uno de los temas más sensibles para cualquier administración: la gestión y el control de los recursos públicos. En ese escenario, el control del combustible oficial se convirtió en un nuevo eje de debate sobre transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas dentro del Estado.
