Los problemas eléctricos en escuelas volvieron a quedar en el centro de la agenda en Catamarca luego de que un grupo de padres decidiera tomar la Escuela N° 309 de La Puntilla, en el departamento Tinogasta, para exigir una solución definitiva a las fallas que, según denuncian, afectan al establecimiento desde hace tiempo. La protesta ingresó en su segundo día consecutivo y los manifestantes anticiparon que mantendrán la medida hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.
El conflicto se desarrolla en un contexto de bajas temperaturas, lo que profundiza la preocupación de las familias. Los padres sostienen que las deficiencias en la instalación eléctrica impiden utilizar estufas eléctricas, situación que afecta directamente a los alumnos que asisten a clases en los turnos mañana, tarde y noche. “Los chicos pasan frío”, expresaron durante la protesta.
Según explicaron los manifestantes, el lunes recibieron como propuesta el envío de un rollo de cables para realizar reparaciones parciales. Sin embargo, rechazaron esa alternativa al considerar que solo representa un “parche” y no resuelve el problema estructural que presenta el edificio escolar. De acuerdo con su versión, hace dos años ya se había realizado una intervención similar, uniendo parte del cableado nuevo con el antiguo, sin solucionar definitivamente las fallas.
Problemas eléctricos en escuelas: padres reclaman obras definitivas y cuestionan las respuestas
Los padres también aseguraron que el establecimiento necesita una renovación integral de la instalación eléctrica y otras mejoras edilicias para garantizar condiciones seguras para estudiantes, docentes y personal escolar. En ese sentido, afirmaron que desde el área de Infraestructura Escolar les informaron que existen materiales disponibles para realizar los trabajos, aunque señalaron que el personal no puede trasladarse hasta La Puntilla por falta de viáticos. Esa versión, expresada por los manifestantes, incrementó el malestar entre las familias.
Durante las conversaciones mantenidas con las autoridades, otra de las alternativas planteadas habría sido implementar clases virtuales mientras se resuelve el inconveniente. Sin embargo, los padres rechazaron esa posibilidad al sostener que muchos alumnos no cuentan con acceso a internet en sus hogares, por lo que consideran que esa medida dejaría a numerosos estudiantes sin posibilidad de continuar normalmente con su educación.
El conflicto vuelve a poner bajo análisis el estado de la infraestructura educativa en distintos puntos de la provincia. Más allá del caso puntual de La Puntilla, el episodio reabre el debate sobre la necesidad de garantizar edificios escolares seguros y en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades, especialmente durante el invierno, cuando el funcionamiento de los sistemas eléctricos adquiere una importancia aún mayor.
La protesta también incorpora un componente político, ya que los padres solicitaron públicamente la intervención del gobernador Raúl Jalil para que impulse una solución definitiva al conflicto. El pedido refleja el nivel de preocupación de las familias, que consideran insuficientes las respuestas recibidas hasta el momento y reclaman una decisión que permita normalizar el funcionamiento del establecimiento.
En los últimos meses, distintos reclamos vinculados con infraestructura, mantenimiento de edificios públicos y prestación de servicios esenciales volvieron a instalarse en la agenda provincial. En ese contexto, la situación de la Escuela N° 309 expone cómo problemas edilicios pueden terminar afectando directamente el derecho a la educación y la seguridad de alumnos y docentes, especialmente cuando las soluciones provisorias no logran resolver las deficiencias de fondo.
El caso de La Puntilla muestra que los problemas eléctricos en escuelas siguen representando un desafío para el sistema educativo provincial. Mientras los padres mantienen la toma del establecimiento y exigen una obra integral, el conflicto deja abiertos interrogantes sobre los tiempos de respuesta, la ejecución de las mejoras prometidas y la capacidad de las autoridades para garantizar condiciones edilicias adecuadas en los establecimientos educativos de Catamarca.
