Los reclamos en Catamarca volvieron a multiplicarse durante los últimos días y dejaron al descubierto una serie de problemas que atraviesan distintos puntos de la provincia gobernada por Raúl Jalil. Padres que tomaron una escuela por fallas eléctricas, vecinos que exigen conexiones de energía, denuncias por el deterioro de rutas y calles, además de pedidos por mejoras en los servicios públicos, conforman un escenario que reabre el debate sobre la capacidad del Estado para responder a demandas que afectan de manera directa la vida cotidiana.
Uno de los conflictos más visibles se desarrolla en la Escuela N° 309 de La Puntilla, en Tinogasta, donde un grupo de padres decidió mantener tomada la institución para exigir una solución definitiva a los problemas eléctricos. Los manifestantes rechazaron reparaciones parciales y reclamaron el reemplazo completo de la instalación, al considerar que las condiciones actuales representan un riesgo para alumnos y docentes. También descartaron la posibilidad de clases virtuales debido a que muchas familias no cuentan con acceso estable a internet.
La situación no es un caso aislado. En La Quebrada y Cigali Mayu, vecinos se manifestaron frente a EC SAPEM para reclamar conexiones eléctricas formales después de años dependiendo de instalaciones precarias. Los residentes sostienen que numerosas familias continúan utilizando velas y leña por la falta de un servicio regular, mientras desde la empresa indicaron que primero deberán realizarse estudios técnicos y cumplirse distintos procedimientos administrativos antes de ejecutar las obras.
Reclamos en Catamarca: infraestructura, servicios y mantenimiento bajo cuestionamiento
La infraestructura vial también concentra parte importante de los reclamos en Catamarca. Conductores que circulan habitualmente por la Ruta Nacional 38 denunciaron el deterioro del tramo de la Cuesta del Totoral, donde la presencia de baches y la escasa señalización incrementan los riesgos durante jornadas con niebla. Desde Vialidad Nacional explicaron que el contrato de mantenimiento se encuentra en proceso de rescisión y que actualmente solo pueden realizarse tareas mínimas de conservación debido a la paralización de la obra pública nacional.
En la Capital también persisten cuestionamientos por el mantenimiento urbano. Vecinos reclamaron por el estado de la avenida Galíndez, donde aseguran que los baches dificultan la circulación diaria y representan un riesgo para automovilistas y motociclistas. A ello se suman denuncias por escombros y tierra acumulados desde hace semanas sobre la calle Félix Pla y Pérez, luego de la finalización de una obra que, según los residentes, quedó inconclusa en materia de limpieza y acondicionamiento del lugar.
Estos episodios muestran que los reclamos no se concentran en un único organismo ni responden exclusivamente a una misma jurisdicción. Por el contrario, reflejan una sucesión de demandas relacionadas con infraestructura, servicios básicos y mantenimiento que involucran tanto a organismos provinciales como nacionales y empresas prestadoras. Esa diversidad de situaciones alimenta la percepción de que distintos problemas cotidianos permanecen sin resolución durante largos períodos.
Mientras tanto, el Gobierno provincial continúa anunciando inversiones en infraestructura financiadas con recursos propios y regalías mineras, además de nuevos proyectos vinculados con rutas, energía y obras públicas. Sin embargo, la coexistencia entre esos anuncios y los reclamos ciudadanos genera cuestionamientos sobre la velocidad con la que esas inversiones logran traducirse en soluciones concretas para barrios, escuelas y localidades del interior que continúan esperando respuestas.
Los reclamos en Catamarca se consolidan así como uno de los ejes que atraviesan la agenda pública. Más allá de que cada conflicto posee características particulares, todos comparten un mismo denominador: vecinos que solicitan intervenciones rápidas frente a problemas que afectan la seguridad, el acceso a servicios esenciales y la calidad de vida. En ese contexto, la capacidad de los distintos organismos para ofrecer respuestas efectivas será determinante para reducir la conflictividad y recuperar la confianza de una ciudadanía que, cada vez con mayor frecuencia, recurre a la protesta para hacer visibles sus demandas.
