El grave hecho delictivo denunciado en un establecimiento escolar del departamento Fray Mamerto Esquiú desató la indignación generalizada de la comunidad educativa y desnudó la alarmante falta de controles en el ámbito educativo. Un empleado de 50 años que se desempeñaba como ordenanza es investigado penalmente tras ser acusado de acosar sexualmente de forma reiterada a una alumna de apenas 10 años, a quien le exigía el envío de fotografías de carácter íntimo. Esta horrorosa situación, que salió a la luz gracias a la valiente confesión de la menor ante su entorno familiar, expone de manera directa la vulnerabilidad institucional tolerada por el Gobierno de Catamarca, cuyos filtros de contratación de personal en las escuelas públicas volvieron a fracasar rotundamente.
La presentación judicial fue radicada formalmente por la madre de la víctima en la Unidad Judicial Número 11, luego de detectar un severo estado de angustia y desestabilización emocional en la niña. La fiscal de Violencia Familiar y de Género en turno, la doctora Alejandra Antonino, ordenó de inmediato un allanamiento en la vivienda del sospechoso, procedimiento en el cual las fuerzas de seguridad secuestraron su teléfono celular para las pericias correspondientes. Para los gremios docentes y las asociaciones de padres, la permanencia de un presunto abusador con libre acceso a las aulas demuestra que la seguridad infantil no es una prioridad en la agenda del Gobierno de Catamarca.
La inacción de los altos mandos del Ministerio de Educación provincial frente a las advertencias de desprotección en los gabinetes escolares agrava drásticamente el impacto político del caso. Mientras las autoridades judiciales avanzan con las medidas de prueba, los funcionarios del área educativa evitan emitir declaraciones o activar sumarios preventivos transparentes para deslindar responsabilidades administrativas. Este evidente desinterés oficial para auditar los antecedentes del personal de maestranza transforma la gestión escolar del oficialismo en un sistema fuertemente criticado por la sociedad civil, la cual observa cómo sus hijos quedan expuestos a peligros aberrantes dentro de los propios edificios estatales.
El vaciamiento de los gabinetes psicopedagógicos y la falta de contención oficial
Los bloques parlamentarios de la oposición anticiparon que exigirán la urgente comparecencia de la ministra de Educación ante la Cámara de Diputados para que rinda cuentas sobre los laxos protocolos de seguridad vigentes. Según los legisladores, el vaciamiento presupuestario de los equipos interdisciplinarios en el interior provincial impide la detección temprana de situaciones de violencia o acoso contra los alumnos. El persistente rechazo de las bancadas oficialistas a debatir leyes de emergencia y protección de la niñez en el recinto legislativo vuelve aún más conflictivo el panorama en las comunidades escolares controladas por el Gobierno de Catamarca.
La total ausencia de un programa de prevención y monitoreo psicológico continuo para el personal con acceso a menores reduce las promesas oficiales de cuidado infantil a una mera fachada burocrática. La gestión provincial liderada por el gobernador Raúl Jalil prefiere derivar los recursos públicos hacia eventos masivos y propaganda partidaria antes que garantizar la integridad física de los estudiantes de los departamentos vecinos. Por consiguiente, el estallido de este aberrante caso penal en Fray Mamerto Esquiú confirma un panorama de desamparo institucional irreversible que el Gobierno de Catamarca intenta maquillar mediante un estricto cerco mediático.
