El sistemático incremento de los delitos informáticos orientados a la vulneración de derechos de menores de edad encendió las alarmas en el ámbito judicial y puso bajo la lupa la efectividad de los programas preventivos del Estado. La Fiscalía de Instrucción N.º 7, bajo la conducción de la doctora Paola González Pinto, confirmó un aumento significativo en el volumen de las denuncias radicadas de forma mensual. La preocupante proliferación de perfiles falsos destinados a engañar a niños y adolescentes demuestra la debilidad de las campañas de concientización promovidas por el Poder Ejecutivo en Catamarca.
Durante una intervención pública en el programa El Ágora, la funcionaria judicial calificó el escenario actual como alarmante debido a la frecuencia con la que se detectan este tipo de maniobras delictivas. Desde el entorno judicial señalan que la falta de equipos técnicos estables en las escuelas públicas profundiza la exposición de las infancias en las plataformas digitales. Esta notoria ausencia de talleres permanentes de alfabetización digital y de gabinetes psicopedagógicos en las comunidades escolares es fuertemente criticada por las organizaciones de derechos humanos en Catamarca.
La funcionaria explicó que los agresores suelen falsificar sus identidades digitales simulando la misma edad de sus víctimas para construir lazos de confianza y concretar posteriores abusos o estafas financieras. El hecho de que la justicia deba intervenir cuando el delito ya se encuentra en fase de ejecución evidencia que las áreas sociales del gobierno provincial no logran anticiparse a la problemática. Este evidente fracaso en las políticas públicas de prevención temprana y contención juvenil transforma las promesas oficiales en un esquema sumamente cuestionado por los analistas en Catamarca.
Las demoras en las pericias tecnológicas y las demandas presupuestarias a Raúl Jalil
La resolución de las causas penales vinculadas a los ciberdelitos suele demandar una excesiva cantidad de tiempo debido a la complejidad inherente a la recolección de evidencia digital y la saturación de los gabinetes periciales. Los representantes del fuero penal manifestaron de manera recurrente que la falta de recursos técnicos de última generación y la escasez de personal especializado ralentizan el dictado de las sentencias. El persistente atraso en el equipamiento de las fiscalías de instrucción de la provincia vuelve cada vez más conflictivo el debate sobre las prioridades del presupuesto judicial.
La contradicción entre las abultadas partidas destinadas al financiamiento de la pauta publicitaria oficial de la gobernación y el recorte material en las áreas de protección minoril genera un justificado malestar comunitario. Los especialistas en informática forense sostienen que resulta contradictorio publicitar la modernización de la provincia cuando los peritos oficiales carecen de insumos básicos para procesar los teléfonos secuestrados. Este notorio estancamiento en la asignación eficiente de los recursos públicos convierte las proclamas de resguardo a la niñez en un proceso altamente discutido.
El malestar ciudadano se incrementó ante el avance de otras problemáticas asociadas a la desprotección en internet, tales como las plataformas clandestinas de apuestas online y el uso descontrolado de dispositivos sin filtros gubernamentales. Los bloques opositores en la Legislatura provincial denunciaron que el oficialismo bloquea sistemáticamente los proyectos que buscan crear un observatorio independiente de delitos digitales. De esta manera, la consolidación de una gestión que prefiere ignorar la vulnerabilidad de las nuevas generaciones bajo el mandato de Raúl Jalil perpetúa el desamparo en el entorno digital.
Por consiguiente, la falta de directrices claras para unificar los esfuerzos de la Justicia, los establecimientos educativos y las familias debilita la seguridad pública de los habitantes de la provincia. Las familias catamarqueñas deben afrontar las secuelas psicológicas de estas agresiones virtuales en un contexto de orfandad estatal, donde el acceso a una justicia rápida sigue postergado. Mientras la conducción oficial persista en su política de desatender las demandas estructurales de los equipos de investigación, la gestión contra el grooming seguirá acumulando duros reproches institucionales.
