Un masivo operativo contra el presunto abigeato en los departamentos Santa Rosa y Paclín, en el este de Catamarca, terminó con la restitución de 70 animales a sus dueños tras acreditarse su origen legal y con denuncias penales contra policías y funcionarios judiciales por presuntas amenazas, golpizas y abuso de autoridad.
El procedimiento se llevó a cabo en el Puesto La Pastora, una zona de difícil acceso a la que se ingresa por Alijilán. Para llegar, la comisión recorrió 19 kilómetros en vehículos y otros 6 a pie por senderos de montaña. Inicialmente, 28 caballos y 42 vacunos quedaron bajo la figura de depositario judicial, pero a las pocas horas la documentación presentada por los propietarios obligó al fiscal interviniente a disponer la devolución de la hacienda. La investigación principal sigue a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 2, en una causa que conmocionó al este de Catamarca.
El caso derivó en denuncias penales presentadas por Luis Bautista Montivero, Alexander Sebastián Uriel Guerrero y Manuel René Navarro. Los tres sostuvieron que durante los allanamientos fueron amenazados, golpeados y presionados para que admitieran integrar una banda de cuatreros.
Montivero señaló que el jefe de Abigeato, identificado con el apellido Márquez, ingresó al predio junto a varios efectivos y lo intimidó a él y a su familia. Además, denunció el secuestro de un caballo, su teléfono celular y otros bienes que aún no le fueron restituidos. Andrés Montivero sostuvo que tanto él como los demás afectados debieron contratar abogados para defenderse de acusaciones que finalmente no pudieron sostenerse, y remarcó que los damnificados tuvieron que costear defensas frente a imputaciones que se desvanecieron.
Por su parte, Alexander Guerrero aseguró que los uniformados esposaron a integrantes de su familia, que un funcionario judicial golpeó a uno de sus tíos y que el propio jefe de Abigeato agredió físicamente a uno de sus primos. También le secuestraron el teléfono celular. Manuel René Navarro, en tanto, denunció que del predio se llevaron un potro y una potranca de su propiedad que no tenían vínculo alguno con la investigación.
Uno de los aspectos más delicados de las presentaciones es el rol de la delegada judicial que participó del operativo. Los denunciantes afirmaron que todas las agresiones, amenazas y presiones ocurrieron en su presencia y que la funcionaria, que actuaba como garante de la legalidad del procedimiento, no intervino para impedir esos hechos. El episodio expuso a la Justicia de Catamarca a un escrutinio inédito por la actuación de sus representantes en terreno.
La causa abrió así un nuevo capítulo, ya no centrado en un supuesto abigeato sino en el análisis del procedimiento que desplegaron las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales en La Pastora. Mientras la investigación principal permanece abierta, los denunciantes reclaman que se investiguen las presuntas vejaciones, los apremios ilegales y la violencia que denunciaron.
