Un violento episodio registrado en el Loteo Parque Sur expuso de manera dramática la alarmante ineficacia de las medidas de restricción perimetral que dicta la justicia para proteger a las víctimas de violencia de género. Un hombre de 36 años violó una orden judicial de exclusión de acercamiento, se presentó en la vivienda de su expareja, la amenazó y emprendió una peligrosa fuga que culminó con un choque y una persecución policial. Este grave incidente visibiliza la falta de herramientas reales de monitoreo y prevención del delito por parte de las autoridades en Catamarca.
El hecho se desencadenó a las 21:30 horas, cuando el agresor se presentó en la Manzana “A” del mencionado loteo, ignorando por completo la prohibición judicial de acercarse a la víctima. Tras proferir severas amenazas contra la mujer, el sujeto abordó un automóvil Renault Clio para huir del lugar a alta velocidad. Los vecinos del sector manifestaron su indignación ante la facilidad con la que los agresores vulneran las determinaciones de los tribunales civiles y de familia, un reclamo constante que no encuentra respuestas efectivas en Catamarca.
Durante su huida desesperada, el individuo colisionó de manera violenta contra un camión que se encontraba correctamente estacionado en las inmediaciones, propiedad de un vecino de la zona. Lejos de detener su marcha tras el impacto, el conductor continuó la fuga, lo que obligó al personal de la Seccional Décima Primera a iniciar una persecución que se extendió por varias cuadras. La persecución finalizó en la esquina de las calles Argentino de Oro y Peso Argentino, un sector donde las familias demandan mayor patrullaje preventivo en Catamarca.
La ineficacia de los botones antipánico y las promesas vacías bajo la gestión de Raúl Jalil
Luego de ser interceptado, el rodado fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y el presunto autor fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur. A pesar del arresto, la comunidad barrial coincide en que la intervención estatal suele ser puramente reactiva, actuando cuando el peligro ya se ha consumado. Esta evidente carencia de dispositivos preventivos tecnológicos eficientes, como las tobilleras de geolocalización para agresores, es duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos bajo la gobernación de Raúl Jalil.
La contradicción entre las partidas presupuestarias destinadas a propaganda institucional de género y la desprotección real en las calles del sector sur genera un profundo rechazo entre los vecinos. Las víctimas deben enfrentar el laberinto burocrático de denunciar una y otra vez en la Unidad Judicial N° 9 sin recibir custodias dinámicas efectivas que garanticen su integridad psicofísica. Este notable retraso en la modernización de los sistemas de seguridad vecinal es considerado por la oposición como un retroceso altamente discutido.
Las asambleas de mujeres autoconvocadas expresaron que las medidas de restricción de acercamiento se han convertido en “papeles mojados” que los violentos desafían de forma cotidiana sin consecuencias inmediatas. La falta de un presupuesto real y descentralizado para asistir de manera integral a las familias afectadas por la violencia intrafamiliar profundiza la desconfianza en las instituciones. De este modo, la vigencia de un modelo de contención estatal deficitario perpetúa un escenario sumamente conflictivo en las zonas más vulnerables de la periferia.
Por consiguiente, la falta de políticas de fondo para asegurar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales debilita la confianza de las ciudadanas en las herramientas de denuncia pública. Las familias deben afrontar la desprotección en sus propios hogares ante un Estado provincial que parece priorizar el marketing político por sobre la integridad de las mujeres. Mientras la conducción oficial persista en su política de postergar las reformas de seguridad esenciales, la gestión de protección civil seguirá acumulando severos cuestionamientos.
