Una familia reclama al Gobierno de Catamarca que intervenga ante un conflicto por terrenos ubicados en Antapoca, en el distrito Los Puestos, departamento Valle Viejo. Según expuso Eber Quiroga, hijo del titular del inmueble, se trata de un predio de 71 hectáreas que fue expropiado en 2008 para obras de infraestructura que, de acuerdo con su denuncia, finalmente no llegaron a concretarse.
El conflicto se remonta al proceso de expropiación y a la posterior disputa por la titularidad del terreno. Quiroga explicó que, luego de un juicio de expropiación y del correspondiente proceso sucesorio, la Justicia dictó una sentencia definitiva que reconoció el campo a nombre de su padre. Sin embargo, la familia sostiene que el problema continúa porque personas de la zona habrían ocupado sectores del predio y avanzado con la subdivisión de parcelas.
De acuerdo con el relato difundido, los familiares también denunciaron que esos terrenos habrían sido ofrecidos y comercializados de manera irregular a través de redes sociales. La acusación apunta a una situación que, según sostienen, excede una disputa privada por la propiedad y que requiere una respuesta de los organismos públicos, especialmente por las consecuencias que tendría sobre la seguridad y el ordenamiento del sector.
El reclamo al Gobierno de Catamarca por la seguridad en Antapoca
Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con las condiciones en las que se encuentran las viviendas precarias instaladas en el lugar. Quiroga aseguró que existen conexiones clandestinas de agua y electricidad, una situación que, según su denuncia, genera inconvenientes adicionales en la zona y suma preocupación por la seguridad de quienes viven allí y de las personas encargadas de custodiar el predio.
La familia también afirmó que en el lugar se registraron amenazas de muerte e incidentes violentos, hechos que habrían derivado en distintas actuaciones policiales. El planteo busca poner el foco en la necesidad de que el Estado determine qué está ocurriendo en el terreno y adopte las medidas que correspondan, sin que ello implique atribuir al Gobierno provincial responsabilidad directa sobre las ocupaciones denunciadas.
El reclamo apunta además a que las autoridades provinciales avancen sobre una solución de fondo. Según Quiroga, la familia espera que el Estado intervenga para poner fin a las situaciones de ocupación que denuncia y para garantizar condiciones de seguridad en el sector. El pedido se produce en un contexto donde la disputa por las tierras se mantiene abierta y las denuncias planteadas por los propietarios todavía requieren respuestas oficiales.
El caso de las 71 hectáreas de Antapoca vuelve así a poner en discusión el papel de los organismos públicos frente a conflictos vinculados con la propiedad de la tierra, las ocupaciones y la seguridad. La familia sostiene que existe una sentencia judicial que reconoce la titularidad del inmueble, mientras que, según su versión, la situación material del predio continúa sin resolverse.
Para los denunciantes, la cuestión no se limita al reconocimiento formal de la propiedad, sino que también involucra la necesidad de controlar lo que sucede en el territorio. Las acusaciones sobre venta irregular de terrenos, conexiones clandestinas y episodios de violencia forman parte del planteo realizado por la familia, que reclama que las autoridades provinciales adopten medidas concretas antes de que el conflicto pueda derivar en hechos de mayor gravedad. Hasta el momento, el material aportado no incluye una respuesta del Gobierno de Catamarca frente a estas denuncias.
