Una denuncia que involucra la integridad de un menor de tres años derivó en el arresto de su madre y de la actual pareja de la mujer durante una serie de procedimientos llevados a cabo en el departamento Ambato. Las medidas fueron dispuestas por el Ministerio Público Fiscal tras la acumulación de elementos probatorios vinculados a denuncias por supuestas amenazas y presunto abuso sexual contra el niño. El operativo, que incluyó allanamientos y el secuestro de elementos de interés para la causa, reabrió un criticado debate sobre la eficacia de los mecanismos de alerta temprana y contención en Catamarca.
La intervención judicial se desplegó en un complejo marco interinstitucional que suma al Fuero de Familia, la Asesoría de Menores, el área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista, la Secretaría de Familia y el Sistema de Protección. Ante la urgencia de la situación y el riesgo latente, se dispuso de manera provisoria que el menor quede bajo el resguardo de sus abuelos maternos. Sin embargo, la multiplicidad de reparticiones públicas involucradas vuelve a poner la mirada sobre la capacidad del Estado para coordinar respuestas ágiles frente a situaciones de altísima vulnerabilidad en Catamarca.
El caso cobró mayor resonancia tras las declaraciones del abuelo materno del menor, un exfuncionario judicial, quien ofreció detalles sobre el contexto socioeconómico y familiar en el que se desencadenó el conflicto. Según su testimonio, el padre biológico del niño es una persona de escasos recursos, mientras que la madre había iniciado hace aproximadamente un año una relación con el joven recientemente detenido. Las severas acusaciones cruzadas y las medidas restrictivas aplicadas reflejan un escenario extremadamente conflictivo que la Justicia intenta reconstruir.
La actuación del Sistema de Protección y las fisuras en la asistencia social en Catamarca
Las críticas hacia la gestión de las políticas de infancia se focalizan en las demoras administrativas y en la falta de un seguimiento preventivo continuo sobre los entornos familiares en riesgo. Diversos sectores sociales y profesionales del área advierten que los organismos dependientes de la administración de Raúl Jalil reaccionan en forma posterior al estallido de las crisis, en lugar de sostener redes de contención territorial eficaces. Esta persistente falla diagnóstica transforma a los protocolos de protección en un esquema fuertemente discutido por la ciudadanía.
Por su parte, los representantes de entidades vinculadas a los derechos de la niñez manifestaron su preocupación por el grado de fragmentación existente entre el ámbito sanitario, el administrativo y el judicial. La superposición de informes emitidos por Salud Mental, la Secretaría de Familia y los juzgados especializados no siempre se traduce en medidas inmediatas de resguardo, lo que expone a los menores a situaciones prolongadas de desprotección. Esta falta de articulación entre los ministerios provinciales genera constantes cuestionamientos institucionales.
La tensión se agudizó al constatarse que los procedimientos de allanamiento y detención en Ambato se concretaron recién cuando las denuncias tomaron un cariz irreversible dentro del expediente penal. Los testimonios vertidos por la propia familia de la víctima dejan al descubierto las inconsistencias en la supervisión estatal y la ausencia de controles interdisciplinarios periódicos. Mientras las áreas de asistencia pública mantengan un funcionamiento burocrático y desarticulado, las intervenciones de urgencia seguirán siendo objeto de polémica.
Por lo tanto, la protección efectiva de la infancia vulnerada no puede depender exclusivamente de la actuación policial posterior ante la comisión de un delito grave. La gravedad institucional de los hechos investigados en Ambato exige una revisión profunda de los programas de contención familiar y del presupuesto destinado a los equipos técnicos de campo. El desafío de los organismos provinciales reside en garantizar que el Sistema de Protección funcione como una verdadera red de resguardo preventivo y no como un mero articulador administrativo de tragedias consumadas.
