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La minería avanza en Catamarca y los controles ambientales son cuestionados

La provincia busca compatibilizar inversiones y exigencias ambientales mientras los proyectos avanzan.

Catamarca atraviesa una nueva etapa de expansión minera, con proyectos vinculados principalmente al litio, el oro y la plata, nuevas inversiones y emprendimientos que buscan ampliar su capacidad productiva. En paralelo, crece una discusión que excede el monto de las inversiones: qué capacidad tiene el Estado para controlar que el desarrollo minero cumpla efectivamente con las exigencias ambientales.

La preocupación no parte de la ausencia de normas. El Código de Procedimientos Mineros de Catamarca establece que la actividad debe desarrollarse bajo criterios de protección del ambiente y asigna a la repartición encargada de la Gestión Ambiental Minera la supervisión ambiental de los proyectos. También contempla la participación de organismos técnicos en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental.

El problema aparece cuando el crecimiento de la actividad obliga a multiplicar inspecciones, estudios, controles y monitoreos. Una cosa es que un proyecto tenga una declaración de impacto ambiental aprobada y otra que el cumplimiento de esas condiciones pueda ser verificado de manera permanente durante toda su operación. La discusión, por lo tanto, pasa por los recursos disponibles, la cantidad de profesionales, la frecuencia de las inspecciones y la capacidad para detectar y corregir eventuales incumplimientos.

El desafío de controlar una actividad que crece

La expansión no es solamente una expectativa. En 2026, por ejemplo, el Gobierno nacional aprobó la incorporación al RIGI de una ampliación del proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, para incrementar la producción de carbonato de litio en 9.500 toneladas anuales. Además, otro proyecto con participación de Catamarca, Diablillos, obtuvo la aprobación para avanzar dentro del RIGI en actividades vinculadas con la factibilidad de un yacimiento de oro y plata y la infraestructura necesaria para su desarrollo.

Este escenario coloca al control ambiental en una posición central. A medida que aumentan los proyectos, también crece la necesidad de contar con información independiente y actualizada sobre agua, suelo, biodiversidad, residuos y otros indicadores ambientales. En una provincia donde buena parte de los proyectos se desarrolla en zonas de alta montaña y salares, el monitoreo de los recursos hídricos adquiere especial importancia y requiere controles técnicos sostenidos, no solamente evaluaciones realizadas antes del inicio de una explotación.

La discusión también alcanza al acceso público a la información. Para que el control social sea efectivo, no alcanza con que existan expedientes administrativos: resulta relevante que los informes ambientales, resultados de monitoreos, inspecciones y eventuales sanciones puedan ser consultados de manera clara. La transparencia se vuelve así una herramienta de fiscalización, especialmente cuando las comunidades cercanas a los proyectos necesitan conocer qué ocurre con los recursos naturales de sus territorios.

El desafío para Catamarca es compatibilizar dos objetivos que no necesariamente deberían ser incompatibles: atraer inversiones y garantizar estándares ambientales exigentes. El propio Gobierno nacional sostiene que la simplificación de procedimientos para la actividad minera busca agilizar inversiones sin resignar estándares de protección ambiental. Pero justamente por eso, mientras más rápido avance la actividad, mayor relevancia tendrá demostrar que la velocidad de los proyectos no supera la capacidad del Estado para controlarlos.

La discusión, entonces, no debería reducirse a estar a favor o en contra de la minería. El punto central es otro: si las instituciones cuentan con los recursos, personal y herramientas necesarias para verificar en el territorio que las obligaciones ambientales se cumplen durante toda la vida de cada proyecto. En Catamarca, donde la minería ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda económica, esa capacidad de control será una de las claves para determinar cuánto de las promesas de desarrollo puede sostenerse sin trasladar costos ambientales a las comunidades y al futuro.