“Se verificó un porcentaje superior al 50% de trabajadores no registrados”, informó la Secretaría de Trabajo de Catamarca tras un operativo en la construcción realizado en la última semana. El relevamiento detectó que más de la mitad de los empleados controlados trabajaban en negro, en un escenario donde la obra pública y la actividad privada aparecen como motores de empleo en la provincia.
El secretario de Trabajo, Diego Romero, llevó los resultados a una reunión con el gobernador Raúl Jalil, la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, los ministros de Gobierno, Alberto Natella, y de Vivienda, Fidel Sáenz, y tres intendentes. Allí se analizó la dimensión de la informalidad en el sector y se delinearon las respuestas estatales.
Romero anticipó que la cartera laboral avanzará con sanciones económicas a los empleadores. Las multas van de $186.200 a $7.448.000 por cada trabajador no registrado, sin perjuicio de las actuaciones judiciales que pudieran abrirse. La Dirección Provincial de Inspección Laboral viene intensificando los operativos de control en obras de construcción, aunque la reiterada aparición de trabajo no registrado abre el interrogante sobre si las inspecciones actuales alcanzan para revertir una práctica que, según los propios relevamientos oficiales, alcanza a la mayoría de los trabajadores del rubro.
El Gobierno provincial subrayó que “junto a los municipios se trabajará de forma conjunta para sostener las fiscalizaciones” que permitan “garantizar el estricto cumplimiento de las normas laborales por parte de los empleadores”. La intención es reforzar la presencia del Estado en las obras y reducir la brecha de informalidad que los propios datos oficiales exponen.
Repercusión gremial y contexto del sector
El dato de informalidad contrasta con la centralidad que la construcción tiene en el discurso oficial como dinamizador de la economía. Informes recientes ubican a Catamarca como la provincia con mayor caída de empleo en el sector, mientras la Uocra espera que las nuevas obras permitan reactivar puestos de trabajo. El gremio advirtió semanas atrás que hay casi 3.000 trabajadores desocupados en la provincia y que persiste la preocupación por la falta de empleo, incluso en un contexto de anuncios de inversión pública y privada.
La detección de que más de la mitad de los obreros están en negro agrega un signo de pregunta sobre la calidad de las ocupaciones que genera esa inversión. La Secretaría de Trabajo sostuvo que las inspecciones continuarán y que las sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones judiciales. La administración provincial apuesta a que los controles conjuntos con los municipios reduzcan la informalidad en un rubro donde, según los datos que la propia cartera laboral expuso ante el gobernador, la mayoría de los trabajadores relevados no está registrada.
