El conflicto laboral en Catamarca que protagonizan 36 extrabajadores de NEBA ingresó en una instancia judicial después de meses de reclamos, movilizaciones y pedidos de respuestas que, según los propios damnificados, todavía no encontraron una solución concreta. Los exempleados intimaron a la empresa para que abone las indemnizaciones pendientes y, al mismo tiempo, mantienen su reclamo ante el Gobierno de Raúl Jalil por la falta de una alternativa para quienes llevan meses sin trabajo.
La situación expone una de las dificultades que atraviesan trabajadores que quedaron fuera del mercado laboral luego del cierre de una fuente de empleo. En este caso, los extrabajadores sostienen que existe un acuerdo firmado entre ellos, la Dirección de Inspección Laboral (DIL) y un representante de la empresa, donde quedaron establecidos los montos correspondientes a las indemnizaciones. Sin embargo, el acuerdo no habría sido cumplido en su totalidad.
Según explicó Ricardo Arse, uno de los extrabajadores, el Gobierno provincial asumió el 20% del total de la indemnización, mientras que a la empresa le correspondía afrontar el 80% restante. De ese porcentaje empresarial, solamente se habría abonado la mitad. El saldo pendiente acumula alrededor de tres meses, mientras que los trabajadores aseguran que llevan ocho meses sin empleo, una situación que golpea directamente a familias que dependían de esos ingresos.
Conflicto laboral en Catamarca: el reclamo que todavía espera una respuesta del Gobierno
La nueva intimación establece un plazo de cinco días hábiles para que la empresa responda y regularice la deuda. Si eso no ocurre, los representantes legales anticiparon que avanzarán con acciones judiciales para intentar cobrar las sumas adeudadas. La DIL, por su parte, habría informado que evalúa la aplicación de sanciones o multas ante el incumplimiento del acuerdo alcanzado.
Pero el problema no termina en la deuda indemnizatoria. Los extrabajadores también continúan esperando una respuesta concreta del Gobierno de Catamarca respecto de las alternativas laborales que fueron planteadas durante los meses de conflicto. Según sus representantes legales, la mayoría permanece desempleada y son sostén económico de sus familias. Las movilizaciones frente a la Casa de Gobierno tampoco derivaron, hasta ahora, en una solución definitiva.
El caso plantea un interrogante sobre el papel que puede asumir el Estado provincial frente a trabajadores que pierden su fuente de ingresos y quedan atrapados entre una empresa que no completa los pagos acordados y la falta de una alternativa laboral. Si bien la responsabilidad por las indemnizaciones pendientes corresponde, según el acuerdo mencionado, principalmente a la compañía, los extrabajadores reclaman que el Gobierno de Jalil también intervenga para encontrar una salida para quienes continúan sin empleo.
El conflicto también dejó expuestas diferencias con la representación sindical. Arse cuestionó que el gremio no haya acompañado al conjunto de los trabajadores y aseguró que recibieron respuestas negativas o pedidos para que continuaran esperando. “El gremio nos soltó de la mano”, afirmó. De acuerdo con su relato, una parte de los trabajadores optó por continuar las gestiones con abogados propios, mientras otro grupo siguió una alternativa vinculada con la organización sindical.
La situación de los 36 extrabajadores de NEBA vuelve a instalar, además, una discusión más amplia sobre empleo y protección laboral en Catamarca. La pérdida de una fuente de trabajo no se limita al trabajador directamente afectado: también impacta sobre sus familias, el consumo y la economía de los hogares. En este caso, ocho meses sin empleo convierten el reclamo indemnizatorio en una urgencia económica que excede cualquier discusión administrativa.
Por ahora, el conflicto avanza hacia los tribunales mientras los trabajadores esperan que la empresa responda a la intimación y que el Gobierno provincial defina si existe una alternativa para quienes quedaron desempleados. La próxima instancia será determinante para saber si el reclamo puede resolverse mediante el pago de las indemnizaciones pendientes o si finalmente deberá continuar por la vía judicial. Para los extrabajadores, el problema sigue siendo el mismo: después de meses de reclamos, todavía no tienen una respuesta que les permita recuperar estabilidad laboral y económica.
