Una empresa distribuidora de Catamarca presentó una denuncia penal contra un exvendedor al detectar una serie de maniobras que, según la presentación, habrían provocado un perjuicio económico cercano a los $20 millones. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar el alcance de las irregularidades y las eventuales responsabilidades.
La denuncia fue ratificada por el representante legal de Barrera e Hijos, Héctor Barrera (hijo), acompañado por su abogado Roberto Mazzucco. La firma desarrolla actividades de comercialización mayorista y minorista de reconocidas marcas, entre ellas productos del Grupo Arcor, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.
Las primeras sospechas surgieron luego de que las áreas administrativa y contable detectaran movimientos considerados irregulares en operaciones realizadas por un vendedor de apellido Retamozo. A partir de esas inconsistencias se inició una revisión interna para establecer qué había ocurrido con determinados cobros y registros comerciales.
Fraude en Catamarca: cómo habría funcionado la maniobra
Según lo denunciado, durante esa investigación el empleado habría sido consultado por las diferencias detectadas y habría reconocido la sustracción de dinero, para posteriormente presentar su renuncia. Sin embargo, las revisiones posteriores de documentación, balances y operaciones permitieron detectar, siempre según la denuncia, un mecanismo que habría involucrado distintas transacciones con clientes.
Uno de los procedimientos señalados consistía en solicitar a determinados clientes que realizaran pagos directamente en cuentas personales. Otra de las modalidades descriptas habría sido la emisión de recibos por el importe efectivamente cobrado, mientras que en las copias destinadas a la empresa se consignaban montos inferiores. De acuerdo con la acusación, la diferencia habría quedado en poder del vendedor.
El impacto de esa operatoria no se habría limitado al supuesto faltante de dinero. A raíz de las diferencias entre los pagos realizados y los registros internos, algunos clientes aparecían como morosos en los sistemas de la distribuidora, pese a que, según la información aportada en la denuncia, ya habían cancelado sus obligaciones. Esa situación habría generado además inconsistencias entre las operaciones comerciales y la documentación contable de la empresa.
El monto estimado del perjuicio ronda los $20 millones, aunque la causa judicial deberá establecer si esa cifra representa el total de las operaciones involucradas o si podrían existir otras irregularidades todavía no determinadas. Por el momento, la información disponible refiere a una denuncia y a los resultados de auditorías y balances realizados posteriormente por la firma.
El caso quedó finalmente a consideración de la Justicia, que deberá avanzar sobre la documentación incorporada, determinar el alcance de las maniobras denunciadas y establecer las responsabilidades que correspondan. Mientras tanto, el episodio vuelve a poner en discusión la importancia de los controles internos sobre cobranzas, recibos y operaciones comerciales para detectar rápidamente posibles desvíos de fondos.
