La situación del transporte público en Catamarca sumó un nuevo conflicto entre una empresa prestataria y el Gobierno provincial. El Nene S.R.L. presentó un recurso contra la baja de varias unidades y sostuvo que los retrasos en el pago de fondos estatales le impidieron renovar su flota. Del otro lado, la Secretaría de Transporte justificó la medida en el incumplimiento de los límites de antigüedad y en observaciones vinculadas con las condiciones de circulación de algunos colectivos.
El conflicto quedó formalizado luego de que la Secretaría de Transporte dictara el 7 de agosto la Resolución N.º 2026-71-E-CAT-STKMIRLT, mediante la cual dispuso la baja de unidades de la empresa que excedían la antigüedad permitida. Frente a esa decisión, El Nene presentó un recurso de reconsideración con jerarquía en subsidio, en el que calificó la medida como parcial y planteó que el problema no puede analizarse únicamente desde la edad de los vehículos.
Transporte público en Catamarca: dos versiones sobre una misma crisis
La empresa sostiene que la imposibilidad de renovar los colectivos está relacionada con los retrasos del Estado provincial y nacional en la liquidación de fondos destinados al sector. Según su presentación, los atrasos superarían los dos meses consecutivos e incluirían partidas correspondientes al subsidio provincial, el Boleto Estudiantil Gratuito y atributos nacionales del SISTAU, tanto de 2025 como del período transcurrido de 2026. El Nene también afirmó que debió absorber el costo financiero provocado por la inflación y la demora en las acreditaciones.
A ese escenario, la compañía sumó otros factores que, según su planteo, complican la prestación del servicio: la falta de actualización de la tarifa, la disminución de pasajeros registrada después de la pandemia y la competencia de las aplicaciones de movilidad. Con esos argumentos, sostuvo que el Estado no debería exigir determinadas obligaciones contractuales cuando, según la empresa, existen compromisos económicos pendientes de cumplimiento.
El reclamo plantea así una discusión de fondo para el transporte público en Catamarca: qué responsabilidad corresponde a las empresas por el estado y antigüedad de sus unidades y qué responsabilidad tiene el Estado cuando existen fondos destinados a sostener el sistema que, de acuerdo con la versión de la firma, no llegan en tiempo y forma. La controversia adquiere mayor relevancia porque la renovación de la flota no depende solamente de una decisión administrativa, sino también de la capacidad económica de las empresas para afrontar inversiones.
Sin embargo, la posición oficial introduce otro elemento que impide reducir el conflicto a una disputa exclusivamente financiera. Desde el organismo provincial señalaron que El Nene se encontraba lejos de alcanzar los parámetros mínimos exigidos dentro del proceso de regularización del servicio. Según esa versión, varias unidades no reunían las condiciones necesarias para circular bajo los niveles de seguridad establecidos por la reglamentación vigente. Esas observaciones fueron utilizadas como fundamento para disponer la baja de los colectivos.
El Gobierno provincial había iniciado aproximadamente quince días antes un proceso de regularización del transporte público del Valle Central, con un plazo para que las empresas presentaran documentación destinada a renovar permisos precarios y eventualmente acceder a habilitaciones definitivas. Dentro de ese esquema, las compañías deben acreditar condiciones vinculadas tanto con la calidad del servicio como con el estado general de sus flotas. El caso de El Nene quedó entonces atrapado entre dos problemas: una exigencia de renovación que la empresa afirma no poder afrontar por las demoras estatales y un parque automotor que, según Transporte, presenta deficiencias que justifican la intervención.
La UTA expresó su inquietud por las consecuencias que la resolución podría generar sobre la continuidad del servicio y la preservación de las fuentes laborales. El planteo agrega otra dimensión al conflicto, ya que cualquier disputa entre el Estado y las empresas de colectivos puede terminar impactando sobre trabajadores y usuarios. En este caso, la empresa pidió una prórroga para mantener operativas las unidades de 2009, 2010 y 2011 hasta que se regularicen las deudas pendientes, se aclaren los criterios de liquidación del subsidio provincial y pueda restablecerse el equilibrio económico del servicio.
El episodio deja planteado un interrogante que excede la situación particular de El Nene: cómo pretende la Provincia garantizar la renovación y seguridad de la flota si, al mismo tiempo, una empresa denuncia atrasos en fondos estatales que considera necesarios para sostener el servicio. La respuesta deberá surgir del trámite administrativo y de la documentación presentada por las partes. Por ahora, el conflicto expone una tensión concreta en el transporte público en Catamarca, donde las exigencias de seguridad, la situación financiera de las empresas, los subsidios y la continuidad del servicio aparecen directamente conectados.






