La investigación por los títulos irregulares en Catamarca detectados en el Instituto Clara J. Armstrong podría adquirir una dimensión que exceda el ámbito provincial. El abogado y secretario general del Sindicato de Docentes de Catamarca (Sidca), Sergio Guillamondegui, señaló que entre 11 y 12 de los 39 casos identificados hasta el momento corresponderían a personas con domicilio en Tucumán y planteó la necesidad de determinar si la documentación fue utilizada fuera de la provincia.
El dato fue presentado por Guillamondegui como un indicio que debería ser analizado por la Justicia. Según explicó, algunos de los documentos cuestionados podrían haber sido legalizados e incorporados al registro digital nacional creado en 2023. Esa situación, de confirmarse, abriría la posibilidad de que una documentación irregular registrada en Catamarca pudiera ser presentada posteriormente ante organismos educativos de otras jurisdicciones.
La preocupación central pasa por determinar qué ocurrió con los documentos una vez incorporados a los sistemas de registro. Guillamondegui explicó que un título que figura en la base de datos nacional puede ser utilizado para realizar trámites en distintas provincias, por lo que consideró necesario investigar si los documentos detectados en Catamarca tuvieron algún tipo de utilización fuera del territorio provincial.
Títulos irregulares en Catamarca y la posible dimensión federal
De los 39 títulos detectados, entre 11 y 12 corresponderían, según el dirigente, a personas domiciliadas en Tucumán. El número, por sí solo, no permite afirmar que exista una red ni que todas esas personas hayan participado de una maniobra irregular. Esa determinación corresponde a la Justicia. El planteo del Sidca apunta, precisamente, a que ese dato sea incorporado como una línea de investigación y se establezca el origen, circulación y eventual utilización de cada documento.
La investigación también podría tener consecuencias dentro del propio sistema educativo. Guillamondegui señaló que algunos de los involucrados tendrían otros títulos y que los documentos cuestionados podrían haber sido utilizados para sumar puntaje en los listados docentes, aunque aclaró que eso no necesariamente implica que hayan sido empleados para ejercer una especialidad determinada. También mencionó casos vinculados con empleados municipales y un integrante de la Policía, cuya situación deberá ser establecida durante el proceso judicial.
Otro aspecto que genera interrogantes es la posibilidad de que la cantidad de casos aumente. Los documentos detectados hasta ahora corresponden a documentación revisada hasta 2024, mientras que todavía resta avanzar sobre lo ocurrido durante 2025. El propio Guillamondegui advirtió además sobre la eventual existencia de analíticos apócrifos que podrían continuar circulando y reclamó controles sobre esa documentación.
El planteo pone el foco también en los mecanismos de verificación y control de títulos educativos. Si un documento irregular logra atravesar distintas instancias administrativas y posteriormente aparece incorporado en un sistema digital con alcance nacional, la investigación deberá determinar en qué etapa se produjo la falla y quiénes intervinieron. Con la información disponible, no es posible atribuir responsabilidades concretas a funcionarios u organismos sin que esas circunstancias sean determinadas judicialmente.
Guillamondegui anticipó que analiza realizar una presentación para que se investigue la posible existencia de una maniobra con alcance federal. El objetivo, según explicó, es establecer quiénes participaron, cómo se obtuvieron los documentos, si existieron intermediarios y si los títulos fueron utilizados en otras jurisdicciones. La eventual participación de personas de otras provincias constituye una de las principales razones por las que el caso podría superar el ámbito educativo de Catamarca.
El caso deja así una serie de preguntas pendientes sobre la circulación de documentación educativa irregular y los controles aplicados para validar títulos y analíticos. Mientras la Justicia debe establecer los hechos y responsabilidades, desde el Sidca reclaman profundizar la investigación y revisar documentación correspondiente a 2025 y 2026. Por ahora, el dato concreto es que existen 39 títulos detectados con irregularidades y que una parte de los domicilios vinculados a esos casos correspondería a Tucumán, una pista que el gremio considera necesario investigar.
