Familiares de adultos mayores en San Fernando del Valle de Catamarca hicieron pública su indignación ante el desfasaje en los cronogramas de liquidación que afectan a los sectores más vulnerables de la provincia. La situación golpea de lleno a quienes perciben la jubilación mínima, quienes deben enfrentar fechas de cobro fijadas hacia el final del mes. La falta de sensibilidad en la programación financiera por parte de las autoridades competentes deja a los abuelados en un escenario altamente conflictivo para cubrir sus necesidades básicas diarias.
La principal recriminación hacia el Gobierno de Catamarca gira en torno a la falta de prioridad para garantizar que los haberes más bajos se acrediten en los primeros días de cada mes. Al percibir los ingresos recién a partir del día 26, los beneficiarios quedan imposibilitados de abonar sus compromisos en término. Esto genera un encarecimiento inmediato de sus gastos cotidianos al tener que afrontar los servicios básicos con recargos por mora y vencimiento.
Este panorama fue criticado por familiares de los afectados, quienes remarcaron la falta de empatía hacia los adultos mayores en un contexto socioeconómico frágil. La postergación de estas partidas presupuestarias obliga a las familias a realizar malabares económicos para subsistir durante casi cuatro semanas sin liquidez. La demora institucional no solo erosiona el poder adquisitivo, sino que además somete a este grupo prioritario a un estrés innecesario.
Desfasaje presupuestario y el constante reclamo de los sectores postergados en Catamarca
El retraso en la acreditación de los haberes mínimos en la provincia se suma a una serie de irregularidades que abarcan a diversos sectores dependientes de fondos públicos. A la situación de los jubilados se le agregan los constantes cuestionamientos por demoras en la liquidación de sueldos a docentes del nivel primario y a trabajadores del programa Catamarca Incluye. De este modo, la política salarial del Gobierno de Catamarca atraviesa un estado de tensión permanente con demandas de regularización que se multiplican.
La insensibilidad administrativa para acomodar las fechas de acreditación de fondos a los vencimientos de los servicios públicos acentúa la brecha de desigualdad social. Distintos sectores perjudicados advierten que la postergación recurrente de estos pagos opera de hecho como un ajuste silencioso que traslada los costos del sistema presupuestario al bolsillo de los ciudadanos con menores ingresos. Frente a esta urgencia, las autoridades provinciales evitan dar explicaciones públicas o replantear el calendario de pagos.
El accionar del gobernador Raúl Jalil y de su equipo de gestión es fuertemente discutido por la falta de respuestas dinámicas ante las denuncias presentadas por la propia comunidad. Mientras se registran fallas de conectividad en los sistemas bancarios y trabas en la atención de organismos como la obra social OSEP, las soluciones de fondo para resguardar el ingreso de los trabajadores y retirados siguen ausentes.
En un contexto donde cada día cuenta para garantizar alimentos y remedios, postergar las liquidaciones hasta fin de mes representa una falta de respuesta estatal inadmisible. La falta de medidas correctivas sobre las fechas de cobranza mantiene en alerta a las familias locales, que exigen una reestructuración inmediata para resguardar la dignidad y el bienestar de los jubilados de toda la provincia.
