La continuidad de Indumentaria Catamarca (ICSA) evitó un cierre que hubiera dejado a unos 30 trabajadores sin empleo, pero el acuerdo alcanzado tras la intervención de Raúl Jalil también dejó expuesta una situación más compleja para el Gobierno de Catamarca: la empresa ya había reducido su plantilla desde unos 150 trabajadores y ahora depende de una negociación para definir qué asistencia concreta recibirá de la Provincia. La noticia oficial es que la fábrica seguirá funcionando; el dato menos alentador es que el problema que llevó al cierre anunciado todavía no está resuelto.
La decisión de continuar se produjo después de una reunión entre Raúl Jalil, Claudio Drescher, dueño de Jazmín Chebar y presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, y Eduardo Kozak, propietario de Grisino. Allí, el gobernador pidió que ICSA mantuviera sus operaciones y manifestó su intención de acompañar a las industrias intensivas en mano de obra. La empresa posteriormente confirmó que seguirá activa con apoyo del Gobierno provincial, aunque las condiciones de ese respaldo todavía están en discusión.
Gobierno de Catamarca: una fábrica continúa, pero el problema laboral sigue abierto
Uno de los puntos centrales de la negociación son los costos logísticos que enfrenta ICSA por producir en Catamarca. De acuerdo con el material difundido, la operación involucra una distancia cercana a los 1.000 kilómetros, y Jalil planteó la posibilidad de colaborar para reducir ese impacto, además de facilitar gestiones relacionadas con servicios, ubicación y otras herramientas provinciales. Sin embargo, todavía no quedó definido cuál será el mecanismo de asistencia ni cuánto aportará concretamente el Estado para sostener la actividad.
La situación resulta especialmente significativa porque el anuncio de continuidad llega después de un proceso de ajuste que ya tuvo consecuencias sobre el empleo. ICSA había llegado a contar con alrededor de 150 trabajadores, pero la plantilla fue reduciéndose de manera progresiva y actualmente quedan unos 30. Según explicó su gerente general, Julio Serrano, las desvinculaciones comenzaron a principios de 2026 y fueron realizadas gradualmente. La empresa había decidido cerrar porque la caída del consumo de indumentaria había llevado al negocio a una situación que, según sus propias autoridades, dejó de ser rentable.
El contraste plantea una discusión sobre el alcance de las políticas provinciales de promoción industrial. El Gobierno de Catamarca intervino cuando el cierre estaba prácticamente decidido y consiguió que la empresa continuara, pero la propia información disponible muestra que la fábrica atravesó previamente una fuerte reducción de personal. La pregunta que queda abierta es si la asistencia provincial permitirá recuperar capacidad productiva y empleo o si solamente servirá para prolongar la operación de una compañía que ya había reducido su estructura hasta una fracción de la original.
El caso tampoco puede analizarse de manera aislada dentro del entramado industrial catamarqueño. Según el material difundido, en la provincia existen otras empresas textiles y de confección que, en conjunto, representan alrededor de 1.500 puestos de trabajo. ICSA forma parte de un esquema que incluye firmas como R&A, Derwil y Ombú, además de producir para marcas reconocidas como Jazmín Chebar, Grisino, Lacoste y Puma. Por eso, el cierre definitivo no solamente hubiera afectado a los trabajadores que permanecen en la planta, sino que también habría enviado una señal sobre las dificultades que enfrenta el sector.
La discusión se vuelve todavía más relevante al compararla con los otros reclamos conocidos durante estos días en Catamarca. Mientras la Provincia busca preservar empleo privado mediante una intervención directa sobre una empresa industrial, desde el sistema público de salud mental se denunciaron falta de recursos, guardias desbordadas, insuficiencia de camas y ausencia de dispositivos de seguimiento. En paralelo, el SOEM de Valle Viejo mantiene un reclamo salarial del 30% y espera una propuesta del Ejecutivo municipal. Son situaciones diferentes y no existe evidencia para atribuirlas a una misma causa, pero juntas muestran la amplitud de las demandas que atraviesan al Estado provincial y a las administraciones públicas locales.
También aparece allí una tensión de fondo entre el discurso de crecimiento y las dificultades concretas que expresan trabajadores, empresas y profesionales. La minería ocupa un lugar estratégico en la discusión económica de Catamarca, mientras que los datos económicos citados durante estas jornadas mostraron un fuerte crecimiento de la actividad minera a nivel nacional. Sin embargo, el desarrollo de actividades productivas no elimina automáticamente los problemas de empleo, consumo, infraestructura, servicios públicos o capacidad estatal. El caso de ICSA ofrece justamente una muestra de esa contradicción: una empresa que seguirá abierta, pero que lo hará después de perder cerca de 120 puestos de trabajo respecto de su etapa de mayor dotación y con un esquema de asistencia pública todavía pendiente de definición.
Para Raúl Jalil y el Gobierno de Catamarca, la continuidad de ICSA representa una oportunidad para mostrar capacidad de intervención y defensa del empleo privado. Pero también implica un desafío: demostrar que el apoyo anunciado puede traducirse en una solución sostenible y no solamente en una postergación del problema. La fábrica seguirá funcionando y conservará sus 30 puestos actuales, mientras que la posibilidad de reincorporar trabajadores dependerá de una eventual recuperación de la demanda. Hasta que se conozcan las condiciones definitivas del acompañamiento provincial, el caso seguirá dejando planteada una discusión incómoda: qué tan sólido es el modelo de promoción industrial de Catamarca cuando una empresa estratégica llega al borde del cierre pese al respaldo que, según sus propias autoridades, ya había recibido de la Provincia.
