La crisis industrial en Catamarca atraviesa un nuevo capítulo con una sucesión de cierres, despidos, salarios impagos y plantas que quedaron al borde de la paralización. En apenas unos días, los casos de Dabra, NEBA, VVC Textil e Indumentaria Catamarca (ICSA) expusieron las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos y colocaron nuevamente al Gobierno provincial, y particularmente al gobernador Raúl Jalil, frente al reclamo de trabajadores que piden respuestas concretas.
El caso más reciente es el de Dabra S.A., planta de calzados perteneciente al grupo Dexter ubicada en Sumalao, Valle Viejo. La empresa cerró sus puertas y dejó a 23 trabajadores sin empleo, quienes realizaron una protesta frente al establecimiento y reclamaron el pago completo de las indemnizaciones. Según denunciaron los operarios, la firma pretende abonar solamente el 50% de lo establecido por ley, una situación que derivó en un corte de tránsito y en un pedido de intervención dirigido al ministro de Producción, Leonardo Zeballos, y al gobernador Raúl Jalil.
La situación adquiere mayor dimensión cuando se la cruza con lo ocurrido en otras industrias de la provincia. En el Parque Industrial El Pantanillo, la empresa NEBA anunció el cierre definitivo de su planta de heladeras y freezers, con un impacto directo sobre 56 trabajadores. El reclamo de los operarios se suma a un escenario en el que la pérdida de puestos laborales comienza a repetirse en establecimientos de diferentes ramas productivas, mientras los trabajadores advierten sobre las consecuencias que tiene la retracción de la actividad.
La crisis industrial en Catamarca acumula cierres, despidos y pedidos de asistencia
A ese cuadro se agrega el conflicto de VVC Textil, donde los trabajadores denuncian salarios impagos y la posibilidad de que alrededor de 30 empleados sean despedidos. Según el testimonio difundido, existe una disputa entre la empresa y el Gobierno provincial respecto de una eventual asistencia: mientras el propietario sostiene que no dispone de fondos para regularizar la situación, desde la administración provincial se habría planteado que no puede intervenir si la firma mantiene deudas. En el medio, quedan los trabajadores, que reclaman una salida para evitar que el conflicto termine en nuevos despidos.
El contraste aparece con especial fuerza en el caso de Indumentaria Catamarca (ICSA). La planta había comunicado que cerraría a fines de agosto después de una fuerte reducción de personal y de una caída de la demanda que llevó a la empresa a considerar inviable su continuidad. Sin embargo, luego de una reunión con Raúl Jalil, los propietarios resolvieron mantener las operaciones y conservar unos 30 puestos de trabajo. El Gobierno provincial intervino para evitar el cierre, aunque las condiciones de la asistencia todavía se encuentran en negociación y no está definido qué mecanismo se utilizará para reducir los costos logísticos de la compañía.
La propia historia de ICSA muestra, además, la magnitud del retroceso que atraviesa el empleo industrial. La empresa llegó a contar con unos 150 trabajadores, pero la plantilla se redujo fuertemente y actualmente quedan alrededor de 30 personas. Su gerente general, Julio Serrano, había explicado que la caída del consumo y la pérdida de rentabilidad fueron determinantes para evaluar el cierre. La empresa también había señalado que la Provincia de Catamarca siempre la asistió, mientras que ahora el Ejecutivo busca sostener su continuidad mediante nuevas herramientas todavía en discusión.
El dato que surge del cruce entre estos casos es significativo: 23 puestos afectados en Dabra, 56 en NEBA y unos 30 en VVC Textil se suman a los 30 empleos que ICSA busca preservar luego de haber reducido drásticamente su plantilla. Son alrededor de 140 trabajadores vinculados a conflictos industriales en pocos días, ya sea por cierres concretados, despidos anunciados, salarios adeudados o procesos de reestructuración. La cifra permite dimensionar un problema que excede a una empresa puntual y vuelve a poner en discusión la capacidad de la política productiva provincial para sostener el empleo privado.
La respuesta oficial, según los hechos difundidos, muestra intervenciones puntuales frente a situaciones críticas, como ocurrió con ICSA, pero también deja reclamos pendientes en otros establecimientos. En Dabra, los trabajadores reclaman la intervención de las autoridades para resolver el conflicto indemnizatorio; en NEBA enfrentan el cierre de la planta; y en VVC Textil denuncian quedar atrapados entre las dificultades financieras de la empresa y las limitaciones planteadas por el Gobierno. El contraste abre un interrogante político para la gestión de Jalil: ¿alcanza la intervención cuando una empresa ya decidió cerrar o el desafío está en evitar que los conflictos lleguen a esa instancia?
Por ahora, los casos disponibles muestran un escenario industrial discutido, con empresas que buscan sostenerse en un contexto de caída del consumo y trabajadores que afrontan despidos, incertidumbre o pérdida de ingresos. Para el Gobierno de Catamarca, la continuidad de ICSA representa una señal favorable, pero la sucesión de conflictos en paralelo mantiene abierto el problema de fondo: cómo sostener el entramado industrial y el empleo privado cuando distintas plantas comienzan a reducir personal, acumular deudas o directamente cerrar sus puertas. En ese punto se concentra uno de los principales desafíos productivos que enfrenta la administración de Raúl Jalil.
