La minería en Catamarca atraviesa una etapa de expansión de proyectos de litio y cobre, mientras el Gobierno de Raúl Jalil coloca a la actividad como uno de los principales ejes de su estrategia productiva. En paralelo, el avance de nuevos emprendimientos vuelve a plantear una cuestión que excede la discusión sobre inversiones y empleo: qué controles existen sobre el agua y cómo se evalúan los impactos ambientales acumulativos de una actividad que se desarrolla en territorios donde el recurso hídrico es estratégico.
El debate no parte solamente de advertencias de organizaciones ambientales. En marzo de 2024, la Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar a un amparo ambiental presentado por integrantes de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano en relación con proyectos mineros desarrollados en el Salar del Hombre Muerto. El planteo judicial había cuestionado la falta de estudios de impacto ambiental acumulativos y la ausencia de consulta previa a las comunidades afectadas.
Ese antecedente resulta relevante porque introduce una diferencia sustancial en la discusión sobre la minería en Catamarca: no se trata únicamente de analizar cada proyecto de manera aislada, sino también de determinar qué sucede cuando distintas explotaciones intervienen sobre una misma cuenca o sistema hídrico. La evaluación acumulativa adquiere especial importancia en zonas donde el agua sostiene simultáneamente actividades productivas, ecosistemas y comunidades.
Minería en Catamarca y la discusión pendiente sobre el agua
Mientras ese debate permanece abierto, la provincia continúa promoviendo inversiones mineras. En enero de 2026, el Gobierno de Catamarca informó que Raúl Jalil buscaba fortalecer el sector y atraer inversiones, mientras que durante el año también avanzaron proyectos vinculados con el litio. El Ministerio de Minería provincial aprobó, por ejemplo, una actualización del Informe de Impacto Ambiental correspondiente a la etapa productiva del proyecto Sal de Vida, en Antofagasta de la Sierra.
Otro cambio de relevancia ocurrió con YMAD. A comienzos de 2026, el Estado nacional dejó de integrar el control de la empresa y Catamarca pasó a tener el 60% de participación, mientras que el 40% restante quedó para la Universidad Nacional de Tucumán. El nuevo esquema otorgó a la provincia un papel todavía más relevante en una empresa vinculada directamente con la explotación minera.
Ese mayor peso institucional también plantea una cuestión concreta sobre la gestión pública: a medida que Catamarca aumenta su participación y apuesta por ampliar la actividad minera, también aumenta la importancia de los mecanismos provinciales de control ambiental. La discusión deja entonces de estar limitada a las empresas y alcanza directamente a los organismos que autorizan, fiscalizan y monitorean los proyectos.
El conflicto registrado en Fiambalá durante 2026 agregó otra dimensión. Vecinos y organizaciones ambientales realizaron protestas contra proyectos vinculados con la actividad minera y reclamaron, entre otros puntos, que se priorice la prevención de posibles impactos y que se revisen determinadas autorizaciones. El gobernador Raúl Jalil recibió un petitorio durante aquellas movilizaciones.
El escenario plantea así una tensión que atraviesa a la minería en Catamarca: el Gobierno provincial presenta al sector como una herramienta de desarrollo e inversión, mientras que antecedentes judiciales y protestas comunitarias instalaron interrogantes sobre el agua, los impactos acumulativos y los controles ambientales. Los hechos disponibles no permiten afirmar que cada nuevo proyecto vaya a producir contaminación ni que exista un daño ambiental generalizado, pero sí muestran que la gestión del recurso hídrico y la capacidad de fiscalización provincial son aspectos centrales del debate minero. Y cuanto mayor sea la expansión de la actividad, mayor será también la necesidad de que esas respuestas puedan ser verificadas con estudios, controles y resultados públicos.
