La situación de dos mujeres detenidas por un presunto intento de homicidio derivó en un nuevo episodio conflictivo para el sistema penitenciario de Catamarca, luego de que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) solicitara su traslado a La Rioja tras un violento incidente ocurrido dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 2. El caso expone además un cruce entre organismos e instituciones judiciales que terminó con el rechazo del traslado y con las imputadas permaneciendo detenidas en la provincia.
El episodio ocurrió mientras María Eugenia Castro y María Gilda Márquez permanecen detenidas con prisión preventiva desde enero de 2025, a la espera del juicio por jurados previsto para el 28 de septiembre. Ambas están imputadas por el presunto delito de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, junto con Facundo Ariel Monasterio. La causa se inició por el ataque contra Roxana Murúa, ocurrido en El Bañado, Valle Viejo, y ahora vuelve a quedar en el centro de la escena por las condiciones de alojamiento de las acusadas.
El punto más delicado para el Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca surgió el 29 de junio, cuando un acta registró un violento incidente en el pabellón de imputadas. Según ese documento, Castro y Márquez habrían arrojado sillas, mesas y elementos personales por el pasillo, amenazado al personal y agredido físicamente a varias agentes con golpes de puño y patadas. Además, el acta señala que Castro habría intentado atacar a una agente utilizando un cepillo de dientes afilado en punta.
Raúl Jalil y el conflicto penitenciario que atraviesa Catamarca
La gravedad del episodio quedó reflejada también en la presentación de al menos seis denuncias penales cruzadas realizadas esa misma noche por integrantes del personal penitenciario ante la Unidad Judicial Nº 5. Frente a esa situación, el SPP gestionó un cupo en el Servicio Penitenciario de La Rioja. La respuesta fue afirmativa el 2 de julio y contemplaba un alojamiento transitorio de tres meses, prorrogable, condicionado al cumplimiento de las normas disciplinarias.
Sin embargo, el traslado finalmente no se concretó. El juez Miguel Lozano Gilyam rechazó el pedido del Servicio Penitenciario Provincial para enviar a las detenidas a La Rioja y también desestimó el planteo del fiscal de Cámara Augusto Barros, quien había solicitado que fueran alojadas en la Comisaría de la Mujer. De esta manera, el conflicto institucional terminó sin la alternativa de traslado que había impulsado el organismo encargado de administrar el establecimiento penitenciario.
El expediente también muestra que la situación de las detenidas ya había generado otros planteos judiciales. La defensa había solicitado el cese de la prisión preventiva, pero la Sala Penal de la Corte de Justicia rechazó por mayoría el recurso de casación. Los ministros Hernán Martel y Verónica Saldaño consideraron que existían razones concretas para mantener la medida, entre ellas el intento de fuga registrado en los primeros momentos de la investigación, el ocultamiento de elementos del delito y el carácter violento del hecho atribuido.
El caso coloca nuevamente al sistema penitenciario de Catamarca frente a una situación compleja: el propio organismo provincial dejó asentada la existencia de conductas que, según el pedido de traslado, comprometían la seguridad, la disciplina y el orden del establecimiento, pero la Justicia rechazó las alternativas planteadas para modificar el lugar de alojamiento. El episodio no implica por sí mismo una imputación contra el gobernador Raúl Jalil, pero sí deja expuesta una disputa institucional sobre cómo resolver un problema de seguridad y convivencia dentro de una dependencia provincial.
Mientras tanto, la causa principal avanza hacia una instancia decisiva. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) realizó el sorteo de 90 potenciales jurados y fijó para el 1 de septiembre la audiencia de admisión de evidencia. Tres semanas después, Castro, Márquez y Monasterio deberán compartir el banquillo de los acusados en el juicio por jurados. En paralelo, el antecedente disciplinario dentro de la cárcel agrega un nuevo capítulo a un expediente que ya había generado pedidos de traslado, recursos judiciales y denuncias contra personal penitenciario.
Para la gestión provincial encabezada por Raúl Jalil, el episodio representa un nuevo foco de atención sobre el funcionamiento de un organismo público de Catamarca, aunque la información disponible no permite atribuirle al gobernador responsabilidad directa por los hechos ni por las decisiones judiciales. Lo que sí queda documentado es la existencia de un conflicto penitenciario que involucró al SPP, al Ministerio Público, a la Justicia y al propio establecimiento carcelario, con posiciones diferentes respecto de cómo garantizar la seguridad y dónde deben permanecer alojadas las imputadas.
