El avance de la minería en Catamarca, especialmente del litio, vuelve a plantear una discusión que excede las inversiones y las expectativas de crecimiento: qué controles existen sobre el agua utilizada por los proyectos y si la información disponible permite evaluar sus efectos acumulativos. La provincia se prepara para una expansión significativa de la actividad, con nuevos proyectos y ampliaciones en distintas etapas.
La cuestión no es menor en una región árida. Un documento oficial elaborado a partir de reuniones con actores vinculados al sector reconoció como temas de discusión los problemas de agua y litio, la extracción, la fluctuación de los niveles hídricos y la necesidad de garantizar estándares de calidad. También se planteó la necesidad de mejorar la comunicación y hacer más accesible la información para las comunidades.
Minería en Catamarca: el desafío de controlar los impactos acumulativos
El antecedente judicial más relevante agrega otro elemento al debate. La Corte de Justicia de Catamarca registró una resolución que había ordenado a organismos provinciales realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral sobre el desarrollo de la actividad minera de litio en el área del Río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto. El planteo muestra que la discusión ya no pasa solamente por evaluar cada proyecto de manera aislada.
Mientras tanto, el crecimiento proyectado es considerable. En julio de 2026, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI de un proyecto de Liex en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, con una inversión declarada de USD 594 millones y una capacidad proyectada de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante extracción directa.
La tensión aparece justamente allí: la velocidad de expansión de la minería puede ser mayor que la capacidad social para discutir sus consecuencias. No alcanza con conocer cuánto dinero ingresará, cuántos empleos se proyectan o cuánto litio se producirá. También resulta necesario saber qué controles se realizarán, con qué frecuencia, quién fiscalizará los resultados y cómo se evaluará el impacto conjunto de varios proyectos sobre un mismo sistema hídrico.
Eso no significa afirmar que cada emprendimiento minero genere automáticamente un daño ambiental. La discusión seria exige distinguir entre riesgo, impacto comprobado y percepción social. Pero tampoco resulta suficiente responder a las dudas con promesas de inversión: cuando el recurso en disputa es el agua, la transparencia de los controles deja de ser un aspecto secundario.
Catamarca enfrenta así una pregunta incómoda para su modelo minero: ¿puede acelerar la producción de litio sin acelerar también los mecanismos de control ambiental? La respuesta no debería depender únicamente de las empresas ni de los gobiernos. Debería surgir de datos públicos, monitoreos independientes y estudios acumulativos que permitan saber qué costos ambientales puede tener, a largo plazo, la expansión minera.
