La denuncia por títulos truchos en Catamarca sumó un nuevo capítulo luego de que el Sindicato de Docentes de Catamarca (Sidca) anunciara que se presentará ante la Fiscalía para intentar constituirse como querellante en la causa que investiga la presunta utilización y comercialización de documentación académica apócrifa. Según informó el secretario general del gremio, Sergio Guillamondegui, actualmente son 39 las personas que figuran en la denuncia, mientras crece el reclamo para que el caso no quede limitado a determinar responsabilidades individuales, sino que también permita revisar cómo funcionan los mecanismos de control sobre las instituciones de educación superior.
El planteo del sindicato introduce una discusión que excede el expediente judicial: ¿cómo fue posible que documentación presuntamente irregular pudiera ser utilizada para acreditar estudios y eventualmente incidir en el acceso a cargos docentes? Guillamondegui sostuvo que el gremio considera que existe una afectación concreta porque las maniobras denunciadas podrían haber alterado el orden de mérito de docentes a los que Sidca pretende representar. Por ese motivo, la organización busca participar formalmente de la investigación y seguir de cerca las actuaciones destinadas a determinar qué ocurrió, quiénes pudieron intervenir y qué controles fallaron.
Títulos truchos en Catamarca: el reclamo por controles alcanza a los 17 IES
Uno de los aspectos más sensibles del planteo es que Sidca no apunta únicamente a la situación detectada en una institución determinada, sino que reclama auditorías sobre los 17 Institutos de Educación Superior (IES) de Catamarca. Para Guillamondegui, el problema obliga a revisar procedimientos administrativos que hasta ahora deberían haber funcionado como barreras frente a la falsificación o utilización de documentación académica. El dirigente reclamó que se destine personal exclusivo para investigar este tipo de situaciones y consideró que lo ocurrido constituye un “bochorno y un desprestigio” para las instituciones de educación superior.
La discusión se concentra especialmente en los mecanismos utilizados para registrar y verificar los títulos. Guillamondegui propuso que los IES informen de manera virtual y mediante una base de datos quiénes obtuvieron sus títulos y qué carrera cursaron. También planteó la posibilidad de avanzar hacia un libro matriz digital centralizado, con el objetivo de facilitar la consulta y permitir una verificación más rápida de la documentación presentada. La propuesta apunta a reemplazar mecanismos que, según el planteo sindical, pueden resultar vulnerables cuando se necesita comprobar de manera inmediata la autenticidad de un título o un analítico.
El reclamo tomó mayor dimensión, según explicó el secretario general de Sidca, a partir de la aparición de nuevos casos. Guillamondegui afirmó que continuaron detectándose personas que se presentaban con analíticos presuntamente apócrifos y que, de acuerdo con su relato, algunas ni siquiera habrían concurrido a un instituto de educación superior. Se trata de una afirmación que deberá ser establecida y corroborada en el marco de la investigación correspondiente, pero que sirve para explicar por qué el sindicato considera necesario ampliar la revisión más allá de los casos que ya fueron incorporados a la denuncia.
Otro de los puntos cuestionados está relacionado con los libros matrices, documentos que el dirigente sindical definió como instrumentos públicos. Allí aparece una de las principales discusiones institucionales: determinar si los sistemas actuales permiten garantizar una trazabilidad suficiente de la documentación académica y detectar a tiempo eventuales irregularidades. El planteo de Sidca pone el foco, por lo tanto, no solo en quienes eventualmente hayan presentado documentación falsa, sino también en la necesidad de establecer si existieron fallas administrativas que permitieron que esos documentos fueran utilizados sin una verificación adecuada.
La situación también genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre docentes que no tuvieron participación en las irregularidades denunciadas. Si la investigación confirma la existencia de documentación falsa utilizada para obtener determinadas posiciones, podrían quedar afectados los procesos de designación y los órdenes de mérito, precisamente el aspecto que Sidca menciona como fundamento para intentar constituirse como parte afectada. El gremio sostiene que el caso debe investigarse con profundidad para evitar que las consecuencias recaigan sobre trabajadores o instituciones ajenos a cualquier maniobra irregular.
Por ahora, la investigación judicial deberá establecer el alcance de las denuncias y determinar las responsabilidades que correspondan. En paralelo, el reclamo de Sidca instala una exigencia concreta hacia el sistema educativo provincial: revisar los controles y auditar los 17 IES de Catamarca. La discusión sobre los títulos truchos en Catamarca dejó así de concentrarse exclusivamente en la autenticidad de determinados documentos y pasó a involucrar el funcionamiento de los mecanismos destinados a garantizar la validez de las credenciales académicas. El avance de la causa y las eventuales auditorías serán claves para determinar si se trató de hechos aislados o si existen problemas de control que requieren una respuesta institucional más amplia.
