La investigación por los títulos docentes en Catamarca emitidos por el IES Clara J. Armstrong sumó nuevos elementos y amplió considerablemente el universo de casos que se encuentran bajo análisis. La denuncia presentada por el Ministerio de Educación había comenzado en abril con 35 títulos presuntamente irregulares correspondientes a 2024 y 2025, pero la pesquisa judicial avanzó sobre un número que podría acercarse a los 200. Por ahora, no trascendieron imputaciones penales y la Justicia busca establecer si existió un delito.
La causa está a cargo de la fiscal de Instrucción Nº 7, Paola González Pinto, quien trabaja sobre informes técnicos y documentación aportada por la cartera educativa. De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía avanzó en la identificación del personal involucrado y/o denunciado, mientras todos ellos permanecen alcanzados por sumarios administrativos en Educación. La investigación apunta a reconstruir cómo se habrían producido las inconsistencias y qué participación pudo tener cada persona, sin que hasta el momento exista una definición judicial sobre responsabilidades penales.
El dato que modificó la dimensión del caso surgió del contraste entre las planillas digitales y el soporte físico de los títulos emitidos por el instituto. Mientras la denuncia inicial contemplaba 35 casos, el gremio SIDCA sostuvo que las presuntas irregularidades podrían remontarse a 2018 y superar el centenar de títulos. Incluso, docentes vinculados al IES señalaron una cifra cercana a los 200. Se trata de números que todavía forman parte de una investigación y que deberán ser confirmados o descartados por la Justicia y los organismos competentes.
Títulos docentes en Catamarca: el reclamo que apunta al impacto laboral
Uno de los principales cuestionamientos públicos fue formulado por Sergio Guillamondegui, secretario del SIDCA, quien advirtió que el problema no se limitaría a quienes eventualmente hubieran confeccionado o adquirido documentación irregular. Según su planteo, la eventual presentación de títulos apócrifos ante la Junta de Clasificación podría haber alterado el orden de mérito y perjudicado a docentes que obtuvieron su formación de manera legítima. El gremio reclamó además que el Ministerio de Educación avance con una auditoría en todos los Institutos de Educación Superior.
Guillamondegui también señaló la necesidad de contar con credenciales institucionales para que el mecanismo pudiera concretarse y mencionó la existencia de dos claves vinculadas a la elaboración y firma de los títulos. Además, denunció que habría funcionado un “Libro Matriz” paralelo dentro del IES. Estas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos sindicales y deberán ser corroboradas en el expediente. La Fiscalía no informó hasta ahora que esas hipótesis hayan derivado en imputaciones, y entre las próximas medidas previstas figuran nuevas declaraciones testimoniales y una posible pericia informática.
La eventual confirmación de títulos irregulares también abriría un interrogante sobre el funcionamiento de los concursos y la asignación de horas y cargos docentes. Si una persona hubiera utilizado documentación apócrifa para obtener una posición en la Junta de Clasificación y posteriormente acceder a un cargo remunerado, el caso podría generar consecuencias sobre otros trabajadores y, eventualmente, sobre las cuentas del Estado provincial. Sin embargo, cualquier conclusión sobre un posible fraude deberá surgir de la investigación judicial y administrativa, que todavía se encuentra en desarrollo.
Frente a la controversia, el Gobierno de Catamarca puso en funciones el 10 de agosto una Comisión Normalizadora en el IES Clara J. Armstrong, aunque no informó públicamente quiénes la integran. La ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, explicó que se realizó una intervención operativa y que las nuevas autoridades trabajan para regularizar la situación legal del instituto y resolver la demora en la emisión de títulos pendientes, en coordinación con la Dirección de Educación Superior. El Ministerio sostuvo que la prioridad es garantizar la continuidad del servicio educativo y que las trayectorias académicas de los estudiantes sean correctamente registradas y certificadas.
