El caso de los 14 trabajadores mineros varados en la Puna durante un temporal de nieve y viento blanco abrió interrogantes sobre el funcionamiento de la Policía Minera de Catamarca. Cuatro empleados permanecieron tres días a la intemperie hasta ser rescatados con vida, mientras la empresa Rio Tinto admitió el episodio. El punto central del cuestionamiento es que existía un protocolo provincial específico para prevenir este tipo de situaciones.
La resolución N°16 del Ministerio de Minería, vigente desde el 27 de enero de 2026, actualizó el Protocolo de Comunicación y Prevención en Proyectos Mineros. La normativa establece obligaciones de información para los traslados hacia y desde los yacimientos, incluyendo destino, horarios, vehículos, conductores y cantidad de pasajeros. También contempla mecanismos destinados a anticipar riesgos durante los desplazamientos.
Policía Minera de Catamarca: qué debía controlar
El capítulo dedicado al procedimiento de invierno rige entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. Allí se exige a los proyectos mineros contar con protocolos de evacuación, equipos de protección para bajas temperaturas, provisiones ante posibles aislamientos y sistemas de monitoreo climático destinados a alertar y reducir riesgos. Además, la circulación nocturna está expresamente prohibida.
El temporal que dejó atrapados a los trabajadores había sido pronosticado, según el material publicado. Por eso, el principal interrogante apunta al control estatal previo: si las empresas estaban obligadas a monitorear las condiciones meteorológicas y activar mecanismos preventivos, ¿qué controles realizó la Policía Minera de Catamarca antes del traslado?
La propia resolución identifica a la Policía Minera, dependiente de la Dirección Provincial de Minería, como autoridad de aplicación, control y sanción. Sin embargo, el episodio terminó con trabajadores expuestos durante días a condiciones extremas. El caso plantea así una discusión que excede el accionar de la empresa y alcanza directamente a la capacidad del Estado provincial para fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad minera.
La controversia también involucra al actual titular del organismo, Luciano Federico Morcos, designado en enero de 2026. El material señala cuestionamientos sobre su experiencia previa en el área y menciona su vínculo laboral con una consultora ambiental relacionada con el hermano de la ministra de Minería. Estos datos forman parte del debate, aunque por sí solos no prueban una irregularidad en su designación ni permiten atribuir responsabilidades personales por el incidente.
Otro aspecto discutido fue el operativo posterior. Dos rescatistas enviados por la empresa para buscar una camioneta quedaron también atrapados durante la emergencia. El episodio vuelve a poner en cuestión la necesidad de que los protocolos de seguridad sean preventivos y efectivos, especialmente en una región donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.
