El visible deterioro estructural y la falta de mantenimiento oficial en complejos habitacionales públicos desataron una fuerte controversia vecinal contra el IPV en Catamarca. Familias residentes en el barrio Huayra Punco, conocido popularmente como las 920 Viviendas, hicieron público un reclamo formal en el que advierten sobre el peligro que representan las fallas edilicias en los monobloques, exigiendo que el organismo provincial asuma su responsabilidad como constructor y garante de la seguridad de las unidades adjudicadas.
A través de un documento comunitario, los frentistas señalaron que el estado de abandono no se limita a departamentos aislados, sino que afecta a buena parte del complejo habitacional. La situación cobra mayor gravedad al tratarse de una provincia con constante actividad sísmica, donde las rajaduras profundas, el desprendimiento de revoques y las filtraciones entre pisos ponen en riesgo concreto la integridad física de cientos de ocupantes.
Los habitantes del sector denunciaron que llevan años presentando expedientes por vías administrativas sin obtener respuestas concretas ni peritajes técnicos integrales por parte del Ministerio de la Vivienda. Mientras tanto, los adjudicatarios deben convivir con pérdidas de agua permanentes en los techos y cuadros de humedad crónica que ya generan afecciones respiratorias en niños y adultos mayores.
Entre los puntos centrales del petitorio elevado al Ejecutivo provincial, la comunidad demandó una inspección estructural exhaustiva y pública sobre la totalidad de las torres. Asimismo, solicitaron la presentación de un cronograma oficial de reparaciones con plazos de obra precisos y la apertura de un canal de seguimiento directo para evitar que los vecinos deban recurrir al patrocinio de abogados particulares para lograr ser atendidos.
Reclamos de seguridad y revisión de adjudicaciones ante el IPV en Catamarca
La presentación vecinal también puso el foco en la necesidad de ordenar la situación legal del barrio, señalando la existencia de indicios de ocupaciones irregulares que obstaculizan la delimitación de responsabilidades ante eventuales daños a terceros. Por este motivo, exigieron que la cartera habitacional audite los padrones de adjudicatarios y regularice la titularidad de los inmuebles.
El malestar en las 920 Viviendas se suma a diversos reclamos en barrios entregados por el Estado que presentan problemas constructivos y falta de infraestructura básica en el Valle Central. La comunidad barrial remarcó que las soluciones habitacionales no terminan con la entrega de llaves, sino que demandan un acompañamiento técnico continuo para preservar el patrimonio público y la seguridad edilicia.
La falta de respuestas ante el deterioro en los edificios interpela directamente las funciones operativas del IPV en Catamarca. Los vecinos del barrio Huayra Punco ratificaron que continuarán visibilizando sus demandas hasta que las autoridades ministeriales se hagan presentes en el lugar y ejecuten las obras de refacción urgentes que requiere el complejo.
