El retraso en la liquidación de haberes a los trabajadores eventuales desató una fuerte controversia en torno al Ministerio de Cultura en Catamarca. Personal que prestó servicios de vigilancia privada durante la última edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho denunció que, transcurrido más de un mes desde el cierre formal del evento, todavía no percibieron las remuneraciones pactadas por sus tareas operativas en el predio ferial.
La presentación pública fue canalizada a través de testimonios de los propios damnificados, quienes prestaron funciones de custodia desde el martes 14 hasta la jornada de clausura el domingo 26. Según explicaron los operarios, la firma tercerizada encargada de la cobertura de seguridad privada justificó el incumplimiento salarial alegando que el organismo gubernamental no liberó los fondos correspondientes al pago del servicio contratado.
El reclamo expuso la situación de desprotección que atraviesan los trabajadores de temporada, quienes cumplieron extensas jornadas laborales durante los doce días de desarrollo del festival. Los empleados señalaron que el argumento de la empresa contratista traslada la responsabilidad hacia la cartera cultural provincial, dejándolos sin respuestas concretas sobre la fecha efectiva de cobro tras más de 30 días de espera.
Esta demora en la cancelación de haberes se inscribe en un patrón reiterado de quejas por pagos pendientes vinculados a la administración provincial. Meses atrás, autoridades de mesa que participaron en los comicios electorales denunciaron dilaciones de más de dos meses para percibir sus asignaciones, mientras que empleados bajo la modalidad de contratados de obra manifestaron continuos atrasos en la percepción de sus compensaciones mensuales.
Deudas con prestadores y cuestionamientos al Ministerio de Cultura en Catamarca
La falta de celeridad administrativa en la cancelación de los contratos de la fiesta provincial más importante genera malestar en un sector laboral vulnerable. Diversos testimonios remarcan que muchas de las personas contratadas asumieron los turnos de vigilancia para obtener un ingreso extraordinario destinado a cubrir gastos básicos de subsistencia, viéndose ahora perjudicadas por las demoras cruzadas entre la empresa y el Estado.
Asimismo, el reclamo de los vigiladores se suma a los cuestionamientos que rodearon la organización del festival, como los desmanejos en el cobro de estacionamientos y las fallas en los controles perimetrales del predio. La ausencia de un cronograma transparente para liquidar los servicios prestados por terceros deteriora la imagen institucional de la celebración y profundiza las críticas hacia la gestión financiera del área cultural.
Las postergaciones que involucran al Ministerio de Cultura en Catamarca dejan al descubierto la precarización que rodea a las contrataciones temporarias en eventos oficiales. Mientras los trabajadores exigen una respuesta formal urgente por parte de las autoridades provinciales, la falta de acreditación de los sueldos mantiene en vilo a decenas de familias que aguardan percibir lo trabajado en el festival mayor de la provincia.
