La propuesta oficial para contener el sobreendeudamiento mediante cursos formativos destapó un nuevo frente de reclamos productivos ante la crisis de ingresos en Catamarca. Luego de que el gobernador Raúl Jalil anunciara que analiza mecanismos de refinanciación con Capresca y el Banco Nación supeditados a una capacitación previa de los deudores, el presidente de la Unión Comercial local, José “Pepe” Martínez, planteó que las instancias de asesoramiento y reestructuración de pasivos deben extenderse de manera urgente hacia las micro, pequeñas y medianas empresas.
El pronunciamiento de la entidad mercantil refleja la asfixia simultánea que enfrentan los locales barriales y las familias trabajadoras. Martínez advirtió que el comercio de cercanía sobrevive mediante la reducción horaria y un severo esfuerzo interno para sostener las fuentes de trabajo formales, remarcando que resulta indispensable la colaboración del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas para evitar que los pequeños comerciantes recurran a circuitos usureros ante la falta de líneas crediticias accesibles.
La postura del sector mercantil puso en entredicho el diagnóstico del Ejecutivo provincial, que atribuye la morosidad a la falta de conducta financiera de los usuarios. Desde la conducción empresarial sostuvieron abiertamente que la única vía genuina para revertir la parálisis en los mostradores y recuperar el margen de compra de las tarjetas radica en recomponer de forma directa el poder adquisitivo de los hogares, un factor deteriorado por las tarifas energéticas y la pérdida salarial.
Este señalamiento empresarial coincide con los planteos de legisladores y dirigentes territoriales, quienes alertaron que la población se endeuda exclusivamente para sobrevivir y pagar servicios elementales. El contraste desnuda la ineficacia de instrumentos oficiales como el programa Marcatón, cuya tracción comercial queda totalmente bloqueada debido a que los clientes agotaron el cupo crediticio de sus plásticos para costear insumos básicos de la canasta familiar.
Cursos para deudores, desamparo productivo y la presión parlamentaria
Frente a la gravedad del cuadro recesivo, la respuesta de la administración de Jalil consistió en estirar los plazos entre 15 y 20 días para definir medidas concretas, delegando la contención económica en acuerdos formativos con la Universidad Nacional de Catamarca. La demora oficial reavivó cuestionamientos opositores en la Legislatura provincial, donde diputados cuestionaron la lentitud burocrática de la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca (Capresca) para auxiliar a los damnificados.
La dilación de los organismos provinciales contrasta además con la agenda en el Congreso de la Nación, donde existen 48 iniciativas legislativas sobre endeudamiento familiar y se convocó a una sesión especial para el próximo 9 de septiembre. Mientras funcionarios provinciales confirmaron su asistencia a ese debate nacional, los comerciantes locales reclaman que el Banco Central y la banca pública ofrezcan tasas de interés diferenciales que permitan a las pymes refinanciar compromisos sin quedar al borde de la quiebra.
La demanda del comercio tradicional profundiza los cuestionamientos hacia la política socioeconómica ante la crisis de ingresos en Catamarca. Con negocios que sobreviven al límite de sus posibilidades, familias endeudadas para cubrir comida o tarifas de luz y un Poder Ejecutivo provincial que posterga las respuestas financieras efectivas, la falta de soluciones estructurales consolida la parálisis del consumo y agrava la vulnerabilidad del entramado productivo local.
