Una nueva agresión física en el sur de la Capital volvió a poner en primer plano el desamparo que rodea a la violencia intrafamiliar en Catamarca. Durante la madrugada del sábado, alrededor de las 02:20, efectivos policiales pertenecientes al grupo COEM-Kappa debieron desplegar un procedimiento de urgencia en la Primera Etapa del barrio Acuña Isí para aprehender a un hombre de 41 años, acusado formalmente de haber golpeado a su propia sobrina, una joven de 19 años.
Tras reducir al agresor en la vivienda, los uniformados lo trasladaron a la Comisaría Novena, dependencia que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. En simultáneo, el personal interviniente invitó a la joven damnificada a formalizar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 9, una instancia procesal que vuelve a descargar en la víctima la responsabilidad de activar los mecanismos de resguardo tras padecer la agresión física.
El caso acontecido en Acuña Isí no representa un hecho aislado, sino que se suma a una alarmante secuencia de ataques registrados en las últimas veinticuatro horas en el Valle Central y el interior. Con intervenciones previas por hechos lesivos en el Hospital de Niños Eva Perón y en la localidad de Icaño, las dependencias judiciales y policiales confirman una reiteración de conductas agresivas que los dispositivos estatales no logran anticipar en las barriadas periféricas.
Esta recurrencia desnuda la ineficacia de las herramientas institucionales preventivas. Pese a la existencia de las líneas de emergencia 144 y 911, las respuestas oficiales continúan limitándose a la detención posterior al delito o al peregrinar de las denunciantes por sedes judiciales, mientras proliferan testimonios de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, como el caso de una madre que radicó trece denuncias contra su expareja sin conseguir protección efectiva.
Intervención en el sur capitalino, demoras judiciales y el avance de la violencia intrafamiliar en Catamarca
La falta de equipos territoriales permanentes en los sectores populares contrasta con las prioridades de la gestión provincial que encabeza Raúl Jalil. Mientras el Ejecutivo vuelca sus esfuerzos discursivos en foros empresariales para celebrar balances del sector minero o promueve acuerdos fiscales, las áreas asistenciales de contención psicosocial y los refugios de emergencia siguen sin contar con recursos operativos para abordar a tiempo los focos de conflicto intrafamiliar.
Especialistas del ámbito judicial y referentes barriales advierten que las comisarías y unidades judiciales se encuentran desbordadas por causas de agresión doméstica que no reciben un seguimiento interdisciplinario inmediato. La ausencia de gabinetes de apoyo psicológico en los centros vecinales deja a las jóvenes y mujeres a merced de sus agresores en el mismo entorno habitacional, profundizando el deterioro del tejido social en los barrios más postergados.
