Un grave suceso registrado en pleno centro asistencial pediátrico volvió a poner en foco la falta de seguridad en los edificios públicos en Catamarca. Minutos antes de las diez de la noche, a las 21:40, efectivos de la Comisaría Primera debieron intervenir de urgencia en las instalaciones del Hospital de Niños Eva Perón para reducir y aprehender a un joven de 28 años, acusado formalmente por el delito de violencia de género contra una mujer en el interior del nosocomio.
Tras el procedimiento, el sospechoso fue trasladado de inmediato a la seccional policial de la jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de turno. Desde el organismo judicial se impartieron las medidas procesales de rigor y se ordenó el resguardo de la víctima, en un caso que causó consternación entre el personal médico, los enfermeros y las familias que aguardaban atención médica en las salas de guardia.
El violento episodio desnudó las severas falencias en los esquemas de vigilancia y admisión dentro de las dependencias estatales sanitarias. Pese a tratarse del hospital de referencia para la infancia en toda la provincia, los controles de ingreso continúan siendo mínimos, permitiendo que personas con conductas agresivas accedan sin restricciones operativas a sectores sensibles donde permanecen internados menores y profesionales de la salud.
La agresión en el centro pediátrico no representa un hecho aislado dentro del territorio provincial. Apenas horas antes, la policía concretó otra detención por violencia de género en el barrio San Cayetano de Icaño, mientras que en los tribunales capitalinos se conoció el caso de una madre de dos hijos que denunció penalmente 13 veces a su expareja sin obtener medidas efectivas de resguardo, evidenciando un desborde que supera las líneas telefónicas 144 y 911.
Desprotección hospitalaria, reclamos gremiales y la agenda oficial
La vulnerabilidad en las guardias médicas contrasta con las prioridades presupuestarias que exhibe la administración que encabeza el gobernador Raúl Jalil. Mientras los funcionarios provinciales viajan a foros empresariales a ponderar balances corporativos del sector minero o se enfocan en acuerdos impositivos, los trabajadores de la salud pública reiteran reclamos por guardias policiales permanentes y botones antipánico en las salas de espera para evitar agresiones físicas en sus lugares de labor cotidiana.
A esta carencia de custodia se suman los sucesivos episodios delictivos que afectan el patrimonio común en el Valle Central. Entre el robo recurrente de luminarias e infraestructura en el dique El Jumeal y la proliferación de desarmaderos clandestinos en Valle Viejo, la ausencia de patrullas preventivas en las puertas de los hospitales evidencia una descoordinación crítica en la distribución del personal de seguridad pública.
La irrupción violenta ocurrida en la guardia pediátrica reabre la discusión sobre las garantías mínimas dentro de los edificios públicos en Catamarca. Con una causa penal en curso en la fiscalía especializada y trabajadores de la salud que desempeñan sus tareas bajo permanente zozobra, el Gobierno provincial enfrenta la exigencia ineludible de reforzar la vigilancia institucional para impedir que los nosocomios queden desamparados frente a situaciones de violencia intrafamiliar.
