El agravamiento de la crisis sanitaria y previsional desató una fuerte reacción entre los jubilados en Catamarca. Tras el anuncio formal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de un paro nacional con movilización para este martes 8 de septiembre frente a la sede central del PAMI, la filial local y diversas agrupaciones de adultos mayores autoconvocados volvieron a declararse en estado de alerta ante el vaciamiento de prestaciones médicas, la falta de cobertura en remedios esenciales y el deterioro de la atención asistencial.
La medida de fuerza responde a un cuadro financiero calificado como terminal por la dirigencia gremial. Desde el sindicato denunciaron una deuda con prestadores que supera los 500.000 millones de pesos, sumada a la desfinanciación provocada por la quita del Impuesto PAIS, tributo que debía ser compensado por el Tesoro Nacional con 2,8 billones de pesos y del cual apenas ingresaron 0,9 billones hasta julio, comprometiendo de manera directa la provisión regular de tratamientos a cinco millones de beneficiarios.
A nivel local, el conflicto se empalma con un prolongado plan de lucha que ya lleva más de 86 marchas consecutivas hacia las dependencias de Anses y la delegación de la obra social. Los beneficiarios catamarqueños vienen denunciando en las calles el cobro extendido de plus médico por parte de clínicas privadas, los recortes en el vademécum de gratuidad absoluta y las demoras de meses para autorizar turnos con especialistas en el Valle Central y los departamentos del interior.
El panorama se torna aún más asfixiante para los adultos mayores debido al desplome de sus ingresos cotidianos. Estudios socioeconómicos recientes confirmaron que más del 36% de los usuarios de crédito en la provincia cayó en mora forzosa por recurrir a préstamos de billeteras virtuales a fin de pagar servicios esenciales y comprar alimentos, empujando a los sectores pasivos a resignar medicación crónica para no quedar a oscuras o sin comida en sus hogares.
Silencio de las autoridades locales, recorte en coberturas y el desamparo previsional
La profundización del conflicto en la obra social expone las contradicciones políticas del gobernador Raúl Jalil frente al ajuste nacional. Mientras el mandatario provincial pondera las bondades de la administración de Javier Milei en cónclaves corporativos y celebra acuerdos económicos con la Casa Rosada, su gestión evade intervenir con partidas compensatorias provinciales para asegurar la entrega de remedios a los centros de jubilados que reclaman en las plazas.
Asimismo, la desatención del sistema previsional nacional sobrecarga la ya saturada infraestructura de la salud pública provincial. Ante la suspensión de coberturas del PAMI, miles de abuelos del interior deben trasladarse de madrugada hacia la guardia del Hospital San Juan Bautista para conseguir insumos básicos o atención médica de urgencia, encontrando guardias colapsadas y dependencias sanitarias carentes de profesionales suficientes para atender la demanda masiva.
El paro y la movilización convocados por los trabajadores desnudan la crítica realidad que atraviesan los jubilados en Catamarca. Con prestadores al borde del corte de servicios por deudas millonarias, recambios de funcionarios en Buenos Aires que profundizan la parálisis institucional y un Gobierno provincial indiferente ante las marchas semanales, la clase pasiva reclama el cese inmediato del vaciamiento para no seguir pagando el ajuste con su salud.
