El reclamo de puestos de trabajo genuinos volvió a poner en discusión el impacto real de la minería en Catamarca. La reciente audiencia en Casa de Gobierno entre el gobernador Raúl Jalil y desocupados de Andalgalá culminó con el anuncio de cursos de dos meses mediante el Campus de Entrenamiento Laboral, una respuesta paliativa que expone las trabas oficiales para transformar las inversiones en empleo estable para las comunidades locales.
La oferta de talleres formativos en lugar de contratos efectivos reactivó viejos cuestionamientos en los departamentos cordilleranos. Pese a que el Ejecutivo promociona a los yacimientos como el principal motor de desarrollo, las asambleas vecinales denuncian que las operadoras y contratistas continúan absorbiendo perfiles de otras provincias, relegando a la mano de obra nativa a capacitaciones transitorias sin garantía de ingreso formal a las nóminas salariales.
Esta brecha laboral contrasta con el discurso de reactivación que la gestión provincial pregona en foros empresariales y convenciones corporativas. Mientras el oficialismo resalta los dividendos productivos y su sintonía con el ajuste nacional, los habitantes del oeste enfrentan una economía de subsistencia marcada por el estancamiento salarial y la falta de oportunidades en los pueblos donde operan los grandes proyectos extractivos.
La falta de empleo formal cobra mayor gravedad ante el cuadro de sobreendeudamiento que golpea al territorio provincial. Con un comercio en declive tras caer un 2,7% mensual en ventas minoristas y boletas de luz que sufrieron aumentos bimestrales de hasta el 90%, los pobladores reclaman fuentes de trabajo genuinas para hacer frente al encarecimiento del costo de vida cotidiano.
Cursos cortos, utilidades en disputa y el debate por la renta de la minería en Catamarca
La controversia laboral se suma al conflicto por la distribución de las regalías generadas por el sector extractivo. Mientras la Universidad Nacional de Catamarca fue excluida del reparto directo de utilidades de YMAD tras la vigencia del DNU 2/2026 y la Legislatura evalúa autorizaciones de endeudamiento provincial, las localidades que conviven con la actividad minera no perciben mejoras sustanciales en su infraestructura sanitaria o de servicios.
Asimismo, la conformación de comisiones técnicas ministeriales enviadas a Belén y Andalgalá funciona como una maniobra dilatoria ante el conflicto social. Sin acuerdos vinculantes que fijen porcentajes obligatorios de contratación de proveedores y mano de obra local, los planes de entrenamiento se limitan a contener la protesta sin atacar la marginación económica de los residentes.
El malestar de los desocupados andalgalenses ratifica las cuentas pendientes de la minería en Catamarca. Con pueblos cordilleranos que demandan trabajo real y un Gobierno provincial que responde con cursos temporarios, la sociedad exige que la riqueza extraída del subsuelo se traduzca de manera prioritaria en empleo formal para las familias del interior.
