Una serie de maniobras fraudulentas orientadas a sustraer datos personales y bancarios encendió la alarma por las estafas virtuales a jubilados en Catamarca. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) debió emitir un comunicado de advertencia ante la proliferación de perfiles apócrifos en redes sociales y plataformas digitales que suplantan la identidad institucional del organismo, aprovechando las dificultades operativas de los adultos mayores para gestionar trámites en línea.
Desde la obra social instaron a sus afiliados a verificar que las cuentas posean la tilde oficial de validación, historial comprobable de publicaciones y un volumen amplio de seguidores, recomendando no brindar información confidencial bajo ningún concepto y canalizar consultas únicamente a través de la línea telefónica 138 de PAMI Escucha. Sin embargo, estas recomendaciones formales resultan insuficientes para un sector etario que enfrenta una marcada brecha digital y escaso acompañamiento institucional en el territorio.
La aparición de estos ciberdelitos agrava la situación de extrema fragilidad que padecen los afiliados en la provincia. Ante la creciente digitalización de turnos médicos, recetas y reintegros, miles de beneficiarios quedan expuestos al engaño de bandas delictivas que operan sin mayores contenciones, en un contexto donde el cobro de haberes mínimos y la urgencia por conseguir medicamentos empujan a los adultos mayores a buscar atajos informales.
Brecha digital, recortes de medicamentos y el avance de estafas virtuales a jubilados en Catamarca
El fenómeno delictivo cobra especial dimensión al cruzarse con el colapso prestacional que atraviesa la obra social. Con una deuda a prestadores que supera los 500.000 millones de pesos, falta de insumos básicos y un paro nacional convocado por los trabajadores, la desinformación reinante en torno a la cobertura médica facilita que perfiles apócrifos prometan soluciones mágicas a jubilados desesperados por destrabar autorizaciones sanitarias.
Esta desprotección ciudadana evidencia la falta de respuestas coordinadas por parte del Gobierno provincial encabezado por Raúl Jalil. Mientras el Ejecutivo pregona convenios con la administración central y resalta la modernización digital, los organismos públicos provinciales no disponen de campañas territoriales de ciberseguridad ni puntos de asistencia presencial que protejan a los adultos mayores en los centros de pago y dependencias públicas del Valle Central.
La pasividad del Estado provincial deja a la clase pasiva en un callejón sin salida frente al delito financiero. Los jubilados no solo deben soportar el cobro de plus médico y recortes en el vademécum que motivaron más de 86 marchas hacia las oficinas locales, sino que ahora quedan librados a su suerte frente a bandas informáticas, mientras las fuerzas de seguridad provinciales concentran sus recursos en retenes de tránsito en lugar de investigar redes de estafa que vacían cuentas de haberes.
