Un nuevo episodio delictivo en el este provincial reavivó los cuestionamientos sobre la seguridad pública en Catamarca. Alrededor de las 14:30 del domingo, efectivos de la Comisaría Departamental Recreo concretaron un registro domiciliario en una vivienda del barrio Centro de esa localidad, donde arrestaron a un joven de 19 años de apellido Nieto y procedieron al secuestro de 91.310 pesos en efectivo vinculados a un ilícito perpetrado contra un vecino que radicó la denuncia penal correspondiente.
El procedimiento culminó con el traslado del aprehendido a la sede policial, donde quedó formalmente alojado a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial. Si bien la intervención permitió recuperar la suma sustraída, el hecho generó un profundo malestar entre los residentes de la cabecera lapaceña, quienes vienen denunciando una seguidilla de hurtos contra la propiedad privada y una persistente falta de recorridos preventivos en los cuadrantes céntricos y periféricos de la jurisdicción.
Este hecho delictivo no ocurre de forma aislada, sino en un departamento atravesado por una profunda desatención institucional. Apenas horas antes, la misma localidad fue epicentro de las denuncias gremiales de ATE por sueldos comunales de miseria pagados en negro, sumado a que un prófugo recreíno con pedido de captura de Interpol logró eludir los retenes policiales locales y escapar hacia Santiago del Estero, exhibiendo serias grietas operativas en la custodia territorial.
La reiteración de robos contra vecinos y comerciantes evidencia además el agudo deterioro del tejido socioeconómico en las barriadas populares. Con una canasta básica inalcanzable y casi la mitad de los hogares vulnerables recurriendo a endeudamiento usurario simplemente para comprar comida, el incremento de delitos menores y hechos de violencia urbana refleja un clima de desborde social que las medidas policiales reactivas no logran contener.
Delitos contra la propiedad, fronteras desprotegidas y la inacción de los organismos estatales
La fragilidad del orden público interpela directamente al gobernador Raúl Jalil y al Ministerio de Seguridad provincial. Mientras las autoridades de la cartera difunden como logros la incautación de motos por faltas de tránsito en el Valle Central, los organismos públicos provinciales dejan desguarnecidas a las poblaciones del interior, donde comisarías y destacamentos carecen del personal y los recursos logísticos indispensables para frenar el avance delictivo antes de que se cometan los atracos.
Este panorama en Recreo se enlaza con la sucesión de incidentes graves registrados en distintas latitudes de la geografía provincial. Desde la golpiza a menores en fiestas clandestinas sin control en Valle Viejo hasta violentas reyertas nocturnas en la zona sur capitalina y asaltos armados en plena vía pública, el accionar policial parece agotarse en allanamientos posteriores a las denuncias de las víctimas, sin estrategias sostenidas de prevención comunitaria.
