Un grave episodio de violencia territorial se registró en el norte del departamento Belén contra trabajadores mineros y vecinos en Catamarca. Personal técnico de la empresa de prospección Amalaya S.A. y pobladores de la localidad de Aguas Calientes denunciaron haber sido emboscados a pedradas por un grupo de personas mientras realizaban tareas de muestreo superficial en el área de trabajo, obligando a suspender de forma inmediata las tareas de exploración en la zona.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la firma, las agresiones se perpetraron con hondas desde las alturas circundantes al campamento de tareas. A raíz del ataque, un poblador de Aguas Calientes que colaboraba con las labores resultó con heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia hacia un centro asistencial para recibir curaciones médicas por el impacto de los proyectiles arrojados desde los cerros.
Desde la compañía señalaron que los agresores se autoproclaman integrantes de la comunidad de Peñas Negras, aunque sostuvieron que se trata de individuos no identificados y ajenos a la zona. Asimismo, afirmaron que dicha agrupación carece de existencia registral formal y personería jurídica reconocida, anticipando la presentación de denuncias penales por lesiones y entorpecimiento de una actividad lícita con el aporte de registros audiovisuales.
Efectivos de la Policía provincial acudieron al paraje andino para tomar las declaraciones correspondientes e iniciar las actuaciones sumariales pertinentes. Pese a este foco de resistencia violenta, la firma resaltó el acompañamiento explícito de los caciques y habitantes de las comunidades de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco, quienes respaldan las tareas de prospección como una oportunidad de desarrollo productivo y empleo local.
Denuncias por lesiones, tensión comunitaria y la falta de mediación estatal
El violento choque territorial interpela la pasividad del gobernador Raúl Jalil y de las autoridades de Minería de la provincia. Mientras la administración oficial promociona la actividad extractiva como el principal estandarte económico de su gestión, los organismos públicos se mantienen ausentes de los territorios donde estallan disputas entre pobladores y empresas, dejando la seguridad librada a la suerte de los involucrados.
Esta carencia de mediación gubernamental se suma a la falta de claridad en el reconocimiento legal de personerías territoriales. En lugar de instalar mesas de diálogo previas para encauzar reclamos y evitar hechos delictivos, el Estado provincial delega el conflicto en denuncias penales cruzadas en los tribunales locales, permitiendo que la escalada de violencia física ponga en riesgo la vida de los trabajadores en la Puna.
El violento episodio en el norte belicho profundizó el malestar en torno a las garantías de seguridad para trabajadores mineros y vecinos en Catamarca. Con agresiones armadas con hondas, heridos hospitalizados y tensiones comunitarias sin resolver, los sectores productivos reclaman presencia estatal efectiva y resguardo legal inmediato para desarrollar actividades lícitas en un marco de paz social.
