La confirmación de una condena penal por delitos contra la integridad sexual en el ámbito escolar reactivó la alarma sobre los protocolos institucionales en las escuelas de Catamarca. La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación condenó a tres años de prisión en suspenso a un profesor de Música tras hallarlo culpable de abuso sexual simple consumado y tentativa de abuso contra dos alumnas de entre 7 y 11 años, desestimando la coartada de una supuesta conspiración política.
Los hechos juzgados se originaron en 2018 en un establecimiento educativo del interior provincial. En sus fundamentos, el tribunal integrado por Luis Guillamondegui, Miguel Lozano Gilyam y Daniela Barrionuevo consideró temerario el planteo defensivo que intentó vincular las denuncias a una maniobra del exintendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, remarcando que las madres denunciantes carecían de cualquier tipo de lazo con el exfuncionario comunal condenado.
El fallo remarcó como agravante la condición de educador del acusado, quien incumplió las obligaciones legales de cuidado frente a menores de 13 años. Asimismo, los magistrados validaron las pericias psicológicas oficiales, las cuales ratificaron indicadores traumáticos derivados del vínculo pedagógico abusivo dentro del aula, rechazando los intentos de la defensa por adjudicar las secuelas emocionales de las víctimas a vivencias ajenas al ámbito escolar.
Pese a la contundencia de las pruebas periciales y testimoniales recopiladas durante el debate oral, la aplicación de una pena de ejecución condicional provocó descontento en la comunidad educativa. La resolución impuso pautas de conducta y una orden de restricción de acercamiento a 100 metros de las víctimas, sin fijar una inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de la docencia en la parte resolutiva.
Delitos en las aulas, demoras procesales y el rol del Ministerio de Educación
La dilación de ocho años para alcanzar un veredicto definitivo cuestiona directamente las políticas de cuidado del gobernador Raúl Jalil y de las autoridades educativas. Desde que ocurrieron los hechos en 2018, el Ministerio de Educación provincial mantuvo una postura pasiva, carente de auditorías periódicas y de equipos interdisciplinarios permanentes que permitan detectar a tiempo situaciones de vulneración en los establecimientos rurales del interior.
Esta debilidad institucional convive con la falta de gabinetes psicopedagógicos estables en los departamentos alejados del Valle Central. Mientras la administración provincial vuelca partidas millonarias en eventos y propaganda oficial, los establecimientos carecen de canales seguros y confidenciales para que las familias y los estudiantes puedan denunciar hechos de hostigamiento o violencia sin quedar expuestos a represalias burocráticas dentro del ámbito escolar.
La sentencia condenatoria ratificó las severas deficiencias en la tutela de los menores dentro de las escuelas de Catamarca. Con resoluciones judiciales que confirman ultrajes en las aulas y una estructura estatal que tarda casi una década en juzgar a los responsables, la comunidad exige controles rigurosos sobre el personal docente y protocolos preventivos urgentes para resguardar a los estudiantes en toda la provincia.
