El salto inflacionario en los gastos habitacionales y la canasta de consumo profundizó la brecha que define el costo de vida en Catamarca. De acuerdo con las mediciones oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), una familia tipo de cuatro integrantes necesitó reunir en agosto un piso de $2.603.556 para ser considerada de clase media, mientras que la línea de pobreza trepó a $1.651.798 y la de indigencia alcanzó los $903.930.
Los informes técnicos reflejan que los rubros vinculados a la subsistencia familiar registraron subas mensuales superiores al índice inflacionario general, destacándose un incremento del 2,6% en la canasta de indigencia y un 2% en la de pobreza. El rubro que agrupa vivienda, agua, electricidad y gas encabezó los aumentos con un alza del 2,6% mensual, traccionado por subas en gastos comunes del 3,4%, gas del 3,6% y agua del 3%, acumulando la energía eléctrica un avance interanual del 54,5%.
Esta estratificación socioeconómica adquiere un matiz crítico al contrastarse con los ingresos reales que perciben los trabajadores en el noroeste argentino. Mientras los parámetros nacionales fijan sumas millonarias para garantizar un estándar medio, la estructura de ingresos local muestra salarios de empleados públicos, docentes y municipales que quedan ampliamente por debajo de la línea de pobreza, empujando a miles de hogares a situaciones de fragilidad económica extrema.
El impacto sobre los sectores asalariados es contundente frente al rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 1,8% en el último mes. Al no contar con ingresos equiparables a los de las grandes urbes centrales, las familias del Valle Central se ven obligadas a destinar la totalidad de sus recursos a la subsistencia alimentaria, restringiendo gastos de salud, educación y mantenimiento del hogar para evitar caer en la indigencia.
Tarifazos de luz y agua, sueldos depreciados y el silencio del Ejecutivo
La disparidad entre los costos mínimos y las remuneraciones interpela de lleno las políticas salariales del gobernador Raúl Jalil. Pese a que el mandatario provincial defiende que los acuerdos paritarias locales acompañan el ritmo de los precios, los sueldos de la administración pública y de las comunas del interior consolidan una pérdida del poder de compra que impide a los empleados cubrir la canasta básica total.
A este atraso salarial se suma el peso de los servicios públicos regulados por los organismos estatales provinciales. Con aumentos en las tarifas de EC SAPEM y Aguas de Catamarca que replican y hasta superan la inflación interanual, el Gobierno provincial traslada el costo del ajuste a los usuarios residenciales sin disponer de subsidios ni de un plan de contingencia para amortiguar el estrangulamiento financiero de las familias.
Las cifras difundidas confirman la distancia insalvable que impone el costo de vida en Catamarca. Con parámetros de clase media inalcanzables para los asalariados y servicios esenciales que devoran los presupuestos domésticos, la sociedad reclama una recomposición salarial real y un freno a las subas tarifarias provinciales para frenar la caída hacia la pobreza de miles de trabajadores catamarqueños.
