Un alarmante panorama sobre la desprotección laboral en el interior productivo expuso la crítica realidad del trabajo rural en Catamarca. El delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ariel Coronel, denunció públicamente que el 70% de la mano de obra del sector se encuentra en la absoluta informalidad, detectando durante inspecciones territoriales conjuntas con Renatre que cientos de peones perciben jornales de subsistencia que oscilan entre los $15.000 y $20.000 por día.
El dirigente gremial describió este escenario como un flagelo estructural contra el que luchan cotidianamente sin lograr revertir la precariedad en las fincas. Coronel enfatizó que la prioridad sindical se enfoca en lograr que las patronales otorguen el alta temprana correspondiente, garantizando el acceso a aportes jubilatorios, cobertura por riesgos del trabajo (ART) y una obra social para los grupos familiares, derechos básicos que hoy resultan inalcanzables para siete de cada diez operarios de campo.
La discusión sobre las remuneraciones formales también formó parte de los planteos gremiales. El titular de UATRE remarcó que las actualizaciones paritarias pactadas en porcentajes resultan totalmente insuficientes y quedan desfasadas frente al costo real de la canasta alimentaria, pulverizando los ingresos de los peones rurales que desempeñan tareas pesadas bajo condiciones climáticas severas a lo largo de las distintas regiones productivas de la provincia.
A esta crisis estructural se sumó un factor normativo que agrava el desamparo de las cuadrillas temporarias. El pasado 1 de septiembre venció el Decreto Nacional 514/2021, herramienta que permitía a los trabajadores compatibilizar los planes sociales con el empleo registrado; al no prorrogarse este régimen por parte del Gobierno nacional, alrededor de 120.000 puestos agrarios quedaron en jaque en el país, amenazando directamente a las cosechas locales de aceituna, arándano, zapallo y nuez.
Falta de inspecciones de la DIL, desamparo en las fincas y el silencio oficial
La contundente denuncia gremial interpela de manera directa a la gestión del gobernador Raúl Jalil y al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Pese a que la Dirección de Inspección Laboral (DIL) cuenta con facultades legales y operativas para fiscalizar establecimientos agrícolas, las inspecciones oficiales en las fincas del interior brillan por su ausencia, permitiendo que empresarios del agro mantengan esquemas ilegales sin temor a recibir multas o clausuras provinciales.
Esta pasividad del Estado provincial contrasta con el discurso oficial que presenta al polo agroindustrial catamarqueño como un modelo de desarrollo regional sustentable. Mientras las carteras gubernamentales promocionan líneas crediticias y exenciones fiscales para grandes emprendimientos olivícolas y nogaleros, los organismos públicos toleran que los cosecheros sean contratados al margen de la ley con salarios indignos, desentendiéndose de la fiscalización en los campos privados.
