La entrada en vigencia del nuevo marco legal que reduce la edad de punibilidad a los 14 años desató fuertes objeciones en el fuero judicial respecto a la aplicación del Régimen Penal Juvenil en Catamarca. El juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, calificó a la Ley 27.801 como «regresiva absolutamente» y advirtió sobre serias contradicciones normativas que vulneran tratados de derechos humanos y abren las puertas a futuras sanciones judiciales para la provincia.
El magistrado provincial explicó que los reparos exceden la baja etaria y alcanzan a la validez constitucional del texto. En declaraciones radiales, señaló que el Congreso avanzó sobre facultades no delegadas por las provincias al legislar en materia netamente procesal, incorporando además pautas de cómputo para antecedentes penales juveniles que resultan llamativamente más restrictivas y perjudiciales que las establecidas en el propio Código Penal de la Nación para los adultos.
Uno de los principales focos de alarma radica en el déficit edilicio para alojar a los menores imputados. Morabito remarcó que los jóvenes no pueden permanecer en comisarías ni en cárceles de adultos, exigiendo la urgente creación de un centro socioeducativo cerrado y especializado, dado que el incremento de causas judiciales saturará de inmediato las precarias plazas actuales ante la imposibilidad legal de remitirlos al Servicio Penitenciario de Miraflores.
El funcionario judicial también vinculó el conflicto con el abordaje de las adicciones que atraviesan los adolescentes. Planteó que el consumo problemático de estupefacientes constituye prioritariamente una patología de salud pública que no puede responderse únicamente con encierro penitenciario, alertando que la carencia de dispositivos sanitarios provinciales expone al Estado a demandas ante tribunales internacionales por violentar las convenciones de protección infantil.
Centros de detención inexistentes, adicciones sin tratamiento y la pasividad del Gobierno
Esta carencia estructural interpela las responsabilidades de gestión del gobernador Raúl Jalil y de los ministerios involucrados. Pese a que la reforma legal federal se debatió durante meses en el Congreso, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia junto a Desarrollo Social no construyeron infraestructura de contención adecuada ni acondicionaron a tiempo el Centro Santa Rosa para absorber la demanda de plazas especializadas.
La falta de previsiones presupuestarias contrasta de forma visible con las partidas millonarias volcadas por el Ejecutivo provincial en propaganda y obras con rédito político inmediato. Mientras la Justicia advierte que faltan recursos para crear equipos interdisciplinarios y postas sanitarias de desintoxicación en el interior, los organismos públicos siguen sin presentar un protocolo claro para evitar que los menores queden retenidos en calabozos comunes de comisarías barriales.
La advertencia del fuero de menores expone la improvisación con la que se implementa el Régimen Penal Juvenil en Catamarca. Con una norma resistida por su impacto jurídico y un sistema provincial desprovisto de centros de alojamiento y terapias de rehabilitación, los operadores judiciales reclaman partidas urgentes para no transformar una reforma legal en una crisis carcelaria de consecuencias irreparables.
