El avance de una causa por presuntos abusos gravísimos reactivó el debate judicial en torno al sistema de juicio por jurados en Catamarca. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) concretó el sorteo de 90 ciudadanos que integran la nómina preliminar para juzgar a una pareja acusada de múltiples hechos de abuso sexual calificado y producción de imágenes de abuso sexual infantil, en un proceso penal que definirá la culpabilidad o no culpabilidad de ambos imputados.
El acto procesal se desarrolló bajo la presidencia de la jueza directora Ana Daniela Barrionuevo y contó con la intervención del fiscal Alejandro Dalla Lasta Baroni por el Ministerio Público Fiscal, junto al abogado Sebastián Ibáñez en representación de la querella particular. Los dos acusados presenciaron la audiencia asistidos técnicamente por sus defensores particulares, Juan Pablo Morales y Gabriela Reinoso, formalizando las pautas preliminares antes del debate oral.
De acuerdo con el cronograma fijado por el tribunal, la etapa técnica de admisión de evidencias quedó programada para el 30 de noviembre. En tanto, la audiencia de conformación definitiva del cuerpo de jurados populares se llevará a cabo el 15 de diciembre, instancia donde se depurará la lista de los 90 sorteados hasta conformar el panel final que dictará el veredicto en este resonante proceso.
El expediente arrastra una fuerte controversia social y judicial debido a la situación de libertad de los imputados. En marzo pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos revocó la prisión preventiva dictada en primera instancia, otorgando la excarcelación bajo restricciones procesales que se limitan a presentaciones periódicas ante las autoridades judiciales y la prohibición expresa de acercamiento a la presunta víctima.
Cuestionamientos a la Cámara de Apelaciones, demoras procesales y falta de contención a víctimas
La decisión de liberar a imputados por delitos de ultraje sexual infantil expone las contradicciones que atraviesan los organismos judiciales catamarqueños. Pese a que el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad impulsan discursos sobre celeridad procesal y perspectiva de niñez, las cámaras de alzada continúan flexibilizando medidas cautelares en casos de extrema gravedad, generando reclamos por la desprotección y revictimización que sufren los denunciantes.
A este escenario se suma la lentitud administrativa para fijar fechas de juzgamiento efectivo en las oficinas judiciales. Los prolongados plazos entre las imputaciones y la conformación de los tribunales populares suelen extender la resolución de los litigios durante años, dejando en evidencia las fallas presupuestarias de infraestructura penal que el Ejecutivo provincial no logra subsanar en el fuero de instrucción.
El sorteo de los candidatos para el tribunal popular marca una instancia definitoria para el juicio por jurados en Catamarca. Con ciudadanos comunes que deberán analizar pruebas complejas sobre explotación infantil y acusados que transitan el proceso fuera de prisión gracias a controvertidas resoluciones de la alzada, la sociedad civil aguarda el desarrollo del debate oral exigiendo transparencia y justicia real para la víctima.
