Una masiva concentración de trabajadores del volante frente al Palacio Municipal profundizó el conflicto urbano por el transporte por aplicaciones en Catamarca. Choferes de taxis y remises se manifestaron para repudiar el estancamiento de las negociaciones oficiales y exigir inspecciones estrictas sobre los vehículos particulares que operan mediante plataformas digitales, advirtiendo con endurecer las medidas mediante cortes en el microcentro si persiste la inacción estatal.
La protesta se activó tras una audiencia formal con autoridades comunales que concluyó sin acuerdos ni soluciones operativas. Los voceros de los choferes aclararon que su reclamo no apunta contra las personas que buscan ingresos de subsistencia, sino contra la manifiesta asimetría regulatoria que tolera la administración pública, la cual impone estrictas revisiones técnicas, antigüedad de modelos y tributos al sector formal mientras omite fiscalizar a los servicios virtuales.
Entre los puntos neurálgicos expuestos por los manifestantes sobresale la seguridad vial de los usuarios en el ejido capitalino. El sector registrado remarcó que las unidades de alquiler tradicional deben cumplimentar inspecciones mecánicas periódicas, seguros especiales y desinfecciones, requerimientos obligatorios que no son exigidos ni auditados con el mismo rigor a las plataformas digitales que circulan libremente por las calles de la ciudad.
Por su parte, los funcionarios del Ejecutivo comunal admitieron severas limitaciones presupuestarias y operativas para realizar los operativos de calle. Desde el municipio alegaron estar a la espera de dispositivos técnicos específicos para auditar el sistema satelital, una justificación que fue rechazada de plano por los manifestantes, quienes consideraron que la carencia tecnológica convierte a la normativa municipal vigente en una letra muerta.
Pasividad comunal, asimetría fiscal y el impacto del Ministerio de Seguridad
La falta de respuestas ante el avance de las plataformas desnudó la improvisación conjunta entre la comuna y los organismos provinciales. Pese a que el gobierno de Raúl Jalil publicita planes de modernización urbana y ordenamiento vial, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Provincial de Transporte eluden articular operativos certeros sobre las arterias centrales, descargando el costo de la competencia desleal sobre los trabajadores registrados.
Esta parálisis estatal deja en evidencia un doble estándar en el control del espacio público catamarqueño. Mientras los organismos recaudadores aplican sanciones inmediatas a los trabajadores formales ante el mínimo retraso en sus habilitaciones, las autoridades miran para otro lado ante el desembarco masivo de aplicaciones no reguladas, alimentando la precarización laboral y desfinanciando a las familias que viven de la actividad regulada.
La asamblea de taxistas y remiseros ratificó que las medidas gremiales continuarán escalando contra el transporte por aplicaciones en Catamarca. Con la advertencia de bloquear los accesos a la plaza 25 de Mayo la próxima semana, los trabajadores del volante exigen que las autoridades abandonen las excusas burocráticas y garanticen reglas claras y parejas para toda la actividad urbana.
