El conflicto que enfrenta a los choferes tradicionales con las plataformas digitales sumó un nuevo capítulo de tensión ante el avance del transporte ilegal en Catamarca. Referentes de taxis y remises de la Capital denunciaron que la inacción de las autoridades municipales provocó la desaparición de hasta un 50% de la flota registrada, obligando a cientos de trabajadores a abandonar el rubro por la imposibilidad de afrontar costos operativos frente a servicios informales que funcionan sin control.
Las declaraciones del dirigente Walter Brizuela expusieron la frustración del sector tras las infructuosas audiencias mantenidas en el Palacio Municipal. El representante gremial afirmó que los funcionarios mienten de manera reiterada sobre los operativos de control, remarcando que llevan más de tres años reclamando intervenciones concretas contra las aplicaciones no habilitadas mientras el municipio capitalino posterga cualquier medida de fondo.
La crisis económica golpea de lleno a los permisionarios que operan bajo regla. Según precisó el referente, los choferes mantienen congeladas sus tarifas desde hace más de 18 meses para no perder clientes, una maniobra desesperada que los coloca en una situación de trabajo a pérdida ante los constantes aumentos de repuestos, combustible, seguros obligatorios y revisiones técnicas que las aplicaciones eluden sin consecuencias.
Asimismo, la dirigencia fustigó el accionar selectivo de los inspectores en la vía pública, bautizando irónicamente al área de Protección Ciudadana como de “desprotección ciudadana”. Brizuela recriminó que los agentes salen a controlar únicamente a las paradas autorizadas en lugar de perseguir la clandestinidad, aplicando multas al sector formal mientras los autos particulares no registrados circulan libremente por la ciudad.
Asimetría en las calles, silencio provincial y la crisis de Saadi y Jalil
El estancamiento de las inspecciones no solo interpela la administración del intendente Gustavo Saadi, sino también la falta de articulación con los organismos del gobierno provincial. Mientras la Casa de Gobierno promociona la llegada de inversiones, las dependencias de transporte y seguridad de Raúl Jalil evitan involucrarse en el ordenamiento de los accesos interurbanos, permitiendo que el transporte desregulado opere impunemente en todo el Valle Central.
Esta pasividad oficial consolida una competencia desleal destructiva que arruina a los pequeños propietarios de vehículos habilitados. El gremio remarcó que las exigencias técnicas y fiscales ahogan al trabajador registrado, mientras el Estado provincial y municipal convalida un esquema precarizador que desampara a los pasajeros ante la ausencia de pólizas comerciales y seguros específicos para traslados urbanos.
El sector ratificó el estado de alerta general y anticipó nuevas protestas contra el avance del transporte ilegal en Catamarca. Con la consigna “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, los trabajadores del volante advierten que volverán a manifestarse en las calles capitalinas hasta que las autoridades implementen fiscalizaciones efectivas y detengan el vaciamiento definitivo de la actividad formal.
