Un grave episodio de confrontación territorial derivó en denuncias por el uso desmedido de la violencia policial en Catamarca. Integrantes de la Comunidad Indígena de Peñas Negras sufrieron agresiones físicas y disparos con postas de goma durante un operativo conjunto entre efectivos de la Policía Provincial y un grupo de casi sesenta personas vinculadas a empresas del sector minero, cuando intentaban forzar el acceso a la zona del cerro Alto El Salle para realizar extracción de muestras.
El enfrentamiento estalló al momento en que los pobladores originarios montaron un bloqueo pacífico para frenar el avance de las cuadrillas técnicas pertenecientes a las firmas Millaray S.A. y Amalaya S.A., cesionarias de la compañía Elevado Gold S.A. Voceros de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita aseguraron que la incursión incluyó golpes directos contra familias enteras, dejando varios comuneros y comuneras lesionados que requirieron asistencia médica de urgencia.
Este violento avance representa el segundo ataque documentado en apenas una semana dentro de la misma jurisdicción del departamento Belén. La comunidad sostiene una resistencia activa desde hace más de una década contra la actividad extractiva en sus cerros, remarcando que el Estado catamarqueño vulnera de manera sistemática los derechos constitucionales y el Convenio 169 de la OIT al eludir la realización de consultas previas, libres e informadas.
La táctica oficial y corporativa para quebrar la oposición comunitaria encendió duros cuestionamientos en las organizaciones territoriales. Dirigentes de la zona denunciaron una maniobra deliberada para enfrentar a trabajadores desocupados con las familias ancestrales mediante promesas de empleo formal que nunca se concretan, desgastando el tejido social y arriesgando la subsistencia de parajes enteros.
Omisión de consultas previas, desamparo a pueblos originarios y complicidad estatal
La actuación represiva de la fuerza de seguridad responde directamente a las directivas del Ministerio de Seguridad y del gobierno de Raúl Jalil. En lugar de actuar como un mediador neutral o verificar la legalidad de los pedimentos otorgados por el Ministerio de Minería, las autoridades provinciales enviaron personal uniformado para actuar como fuerza de choque privada y asegurar las faenas empresariales sobre áreas habitadas.
Esta parcialidad institucional deja desprotegidas las fuentes de agua dulce, los sitios sagrados y los pastizales naturales que sostienen la economía caprina y ovina tradicional. Los representantes comunitarios advirtieron que la insistencia en abrir paso a las perforadoras destruirá los recursos hídricos superficiales en una cuenca sumamente árida, acelerando procesos de desertificación irreversible en las pasturas de altura.
La escalada en el cerro Alto El Salle expone la gravedad institucional provocada por la violencia policial en Catamarca. Con la comunidad diaguita declarada en estado de alerta permanente y heridos tras la represión con munición no letal, los pobladores exigen el cese inmediato de los proyectos mineros en disputa y el retiro definitivo de las fuerzas armadas para evitar una tragedia mayor en territorio puneño.
